Ayer fue detenida la exalcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, por el presunto delito de estragos a causa, según se dijo, de haber incitado para incendiar la planta de Agroindustrias Unidas en diciembre de 2021. De entrada, se antoja difícil que el ministerio público pueda comprobar su acusación porque ella no participó físicamente en los hechos y no existe constancia fehaciente que la involucre en el señalamiento judicializado. Viridiana puede presumir de ser una mujer honesta y de haber ejecutado una administración ausente de señalamientos de malos manejos o arbitrariedades en el ejercicio de la función pública, para el Orfis ella ya pasó indemne la aduana revisora de la aplicación del recurso público. Pero la acusación que se le formula no es por corrupta, sino por estragos causados a una empresa procesadora de café instalada en el territorio que gobernó, fuertes intereses se mueven en ese entorno y mala señal sería si la pretensión consiste en sentar antecedentes respecto a cualquier resistencia relativa a la defensa de quienes cultivan el aromático grano. En esa circunstancia, y particularmente en este caso, priva el deseo y la esperanza que no haya inspiración política en esa orden de aprehensión y todo se conduzca con respeto al marco normativo, y, principalmente, que no intervenga ninguna voluntad ajena a la de quienes administran la justicia, como debe ser en el marco de un genuino Estado de Derecho. En el caso de Viridiana, se nota la “estratégica” aplicación de la ley con el procedimiento que en México conocemos como “sabadazo”, pues será hasta el lunes cuando se decida su situación jurídica. De acuerdo a la doctrina especializada, el delito de estragos consiste en causar un daño de proporciones colectivas, “aunque la simple causación de un daño no es suficiente para que haya estrago, sin daño el delito no se configura. La falta de daño podría encuadrar la acción como tentativa” señala Wikipedia. En México, el Código Penal federal castiga este delito con una pena de prisión de 3 a 10 años y multa de 100 a 500 días. En el caso de Viridiana Breton, en su condición de militante política, por los antecedentes de sus acciones partidistas más recientes, y como se dan los acontecimientos previos a la cosa electoral, podría percibirse un ánimo más cercano a la pena política que a la estricta aplicación de la norma jurídica. Ojalá con Viridiana Breton como en cualquiera otro caso todo se conduzca conforme a los dictados de la Ley, norma suprema que regula toda convivencia social.