Aunque primero, en aquella memorable cena del pasado lunes 5 con gobernadores, líderes de Morena y los cuatro precandidatos que aspiran a sucederlo, el presidente López Obrador fue quien para evitar rupturas por la disputa de la candidatura presidencial recomendó una serie de reglas para garantizar un proceso de selección imparcial, transparente, incluyente y sobre todo de no agresión ni descalificación entre los aspirantes –propuestas que serían aprobadas el domingo siguiente por los miembros del Consejo Político Nacional del partido gobernante–, lo cierto es que han comenzado a darse algunos roces y golpes bajos entre el grupo de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el de su más fuerte contrincante, el excanciller Marcelo Ebrard, lo que, de seguir escalando, podría dar al traste con la pretensión del Ejecutivo federal de no perder el control del proceso sucesorio que, indudablemente, es su mayor preocupación.
Por ejemplo, circula un video en el que se observa a Sheinbaum reclamándole sumamente molesta, ese mismo domingo 11, al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, pues a su llegada al hotel donde estaban por sesionar los consejeros del partido obradorista, la mandataria capitalina fue recibida con gritos de “¡piso parejo, piso parejo!” por supuestos simpatizantes de Ebrard y del exlíder del Senado, Ricardo Monreal, según comentó el diputado federal del PT con licencia Gerardo Fernández Noroña, otro aspirante presidencial que al momento del reproche estaba al lado de la jefa de Gobierno.
Horas después, a las 19:05 de la noche, un diario capitalino manejado supuestamente por un operador político de Sheinbaum, difundió un texto titulado “El expediente judicial que Marcelo Ebrard quisiera desaparecer”, en el que se rememora que “a finales del sexenio de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la PGR una red financiera encabezada por constructoras –entre ellas Coordinadora Vía Rápida Poniente y Solutions CMV– y en la que habría estado involucrado Marcelo Ebrard”.
Según dicha publicación, firmada por el reportero Miguel Badillo, “el expediente que la PGR determinó como ‘no ejercicio de la acción penal’, indica que el exjefe del gobierno capitalino les otorgó concesiones y permisos de terrenos expropiados para la realización de obras viales. Esas mismas compañías están conectadas con la construcción de desarrollos inmobiliarios en Santa Fe, donde exesposas, hermanos, amigos y personas cercanas a Ebrard adquirieron departamentos de lujo, presuntamente sin comprobar el origen del dinero con el cual realizaron las operaciones”.
Anteayer, Sheinbaum anunció que este viernes 16 dejará su cargo y que será sustituida por su secretario de Gobierno, Martí Batres, si el Congreso local aprueba su nombramiento. Batres, un radical de Morena, protagonizó fuertes encontronazos con Monreal en el Senado. Terminó solicitando licencia en julio de 2021 para incorporarse a la administración capitalina.
Y con el excanciller trae una cuenta pendiente desde 2011, cuando siendo jefe de Gobierno de la CDMX lo destituyó de la Secretaría de Desarrollo Social porque presuntamente el ahora operador político de Sheinbaum criticó a Ebrard por saludar de mano al entonces presidente Felipe Calderón.
LA ‘MALA LECHE’ DE BATRES
Por cierto, en su conferencia mañanera de ayer, el presidente respaldó la decisión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al proponer en su cargo a Martí Batres, de quien el titular del Ejecutivo federal se volcó en elogios. “Es una persona honesta, es un hombre con principios, ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia y con experiencia… Conoce muy bien la problemática de la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado en la CDMX, es una garantía. En la CDMX gobernar es velar, es muy complicado, y tiene capacidad. Falta todavía la aprobación de la asamblea…”, se explayó López Obrador.
Sin embargo, en 1999, el virtual sustituto de Sheinbaum protagonizó un gran escándalo cuando era líder de los diputados perredistas de la capital del país. Y es que la Secretaría de Salud federal confirmó que varios diputados del partido del sol azteca habían repartido en la CDMX bolsas de leche con la marca “Betty”, contaminada con materia fecal y un nivel de bacterias 300 veces superior a lo permitido.
El 7 de febrero de ese año, Carlos Martínez García publicó en el diario La Jornada –ahora el más afín al obradorismo– un texto titulado “Ética láctea”, en el que hizo una fuerte crítica debido a que como residente del distrito electoral 30, fue testigo del reparto criminal de la cuestionada leche en la Ciudad de México.
“Se hacen un flaco favor los asambleístas distribuidores de Betty, cuando tratan de reducir los señalamientos en su contra a simples sabotajes de enemigos del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue grotesca la postura de Martí Batres en la conferencia de prensa al tratar de evadir su responsabilidad en el affaire lácteo, diciendo que era necesario recordar el asunto de la leche contaminada que distribuyó Conasupo el sexenio pasado. Incurrió en la conocida maniobra de comparar sus errores con los más grandes cometidos por otros. Al hacerlo, estaba aceptando que él y sus compañeros sí cayeron en prácticas cuestionables, pero que su magnitud no era tan voluminosa como la de funcionarios identificados con los gobiernos del PRI. Tampoco queda exonerado al recordarnos los millones de pobres que ha producido la política económica aplicada al país por el Partido Revolucionario Institucional. Eso ya lo sabemos, por lo mismo, los ciudadanos le están cobrando en las urnas al régimen sus obstinados programas que han acrecentado la miseria en el país.
“El asunto del producto lácteo Betty debe ser analizado con toda responsabilidad en las instancias propias del PRD. Si hay que reconocer ante la opinión pública que algunos miembros del partido actuaron indebidamente, promocionándose a costa de la necesidad de la gente, pues se debe hacer sin reparar en los costos de pérdida de credibilidad por admitir haber incurrido en prácticas clientelares. Para quienes tenemos en términos políticos el corazón a la izquierda, y pensamos que la transformación democrática debe irradiar a todos los órdenes de la vida social, acciones ventajosas como las perpetradas por el grupo de asambleístas debieran llevarnos a criticar sin ningún miramiento los excesos cometidos. Hay que dejar de lado la nociva idea de que es mejor guardar silencio, antes que darle argumentos al enemigo ejerciendo la crítica en las propias filas. Basta ya de chantajes de quienes buscan resbalarse las acusaciones tildando a los que las emiten de traidores a las causas justas. No, las verdaderas fuerzas democráticas son las que en su propio reproducen la cultura igualitaria y crítica por la que luchan afuera.
“No es un asunto menor el hacer creer a los compradores de Betty que están adquiriendo leche, cuando en realidad el producto es una mezcla de cuestionable calidad. Con todo lo fundamental que es dilucidar la composición química del líquido, y sus consecuencias para las personas que lo consuman, me parece que es un error tratar de llevar el debate al terreno de cuál de los dictámenes (el presentado por los asambleístas del PRD o el de la Profeco) es el más certero. La cuestión, me parece, es que en la distribución de Betty abundó algo parecido a la leche, pero faltó ética por parte de los perredistas involucrados. A cada acción que efectúan en su propia defensa, los representantes asociados en el reparto de la materia con apariencia lechosa le añaden más y más mentiras con el afán de encubrir el escándalo. Incluso han llegado al extremo de usar el prestigio de La Jornada para presentar un desplegado que ellos pagaron en nuestro diario como si fuera una nota producto de la investigación de reporteros del periódico. El asunto está más antihigiénico que las instalaciones donde se elabora Betty.”
Este es el operador político al que Sheinbaum pretende dejar al mando del Gobierno de la Ciudad de México. El mismo que también ha minimizado el número de manifestantes que ante el Monumento a la Revolución y el Zócalo han salido a defender la autonomía del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.