En Florida, a partir de hoy, entra en vigor una controvertida y rigurosa ley de inmigración, considerada la más dura en todo Estados Unidos. La legislación abarca diversos aspectos y afectará a los inmigrantes indocumentados en términos laborales, de identificación, educación, transporte y salud.
En el ámbito laboral, se requiere que las empresas con más de 25 empleados utilicen un sistema federal para verificar la legalidad de sus trabajadores, imponiendo sanciones penales y multas diarias de hasta 1,000 dólares por contratar a inmigrantes indocumentados.
La ley también invalida ciertos documentos de identificación emitidos en otros estados fuera de Florida. En cuanto al transporte de inmigrantes ilegales hacia el estado, se establecen penas de prisión y multas considerables.
En el sector de la salud, los hospitales que aceptan Medicaid deberán recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y reportarla al gobierno estatal. Aunque no se prohíbe la atención médica a los inmigrantes indocumentados, se les requerirá revelar su estatus o negarse a responder.
El gobernador Ron DeSantis defiende esta ley y enfatiza que Florida no es un estado santuario. Además, se destinarán 12 millones de dólares para reubicar a inmigrantes en otros estados. Esta nueva ley ha generado un intenso debate y críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes.