Agencias/Sociedad 3.0
La mañana de este martes se revelaron detalles alarmantes en una conferencia mañanera, donde se expusieron a varios jueces y magistrados por supuestamente favorecer a delincuentes al no aplicar la medida de prisión preventiva oficiosa como cautelar en casos de delitos graves.
El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, proporcionó información sobre el comportamiento de algunos magistrados y jueces en materia penal que han dejado sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que ha resultado en la liberación de presuntos delincuentes.
Uno de los casos mencionados involucra a los magistrados Martín Soto Ortiz, Rafael Remes Ojeda y el licenciado Ricardo Reyes González, quienes integran el primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. Se les acusa de beneficiar a un presunto pederasta al invalidar la medida de prisión preventiva oficiosa en una audiencia del 21 de julio de 2023.
Además, se exhibieron otros casos similares, como el del juez tercero de distrito en Boca del Río, Luis Rafael Bautista Cruz, quien anuló la medida de prisión preventiva oficiosa a un presunto homicida el 4 de agosto y ordenó una medida cautelar distinta.
El subsecretario también señaló a otros jueces y magistrados, como María Elena Leguizamo Ferrer, José Saturnino Suero Alva, Antonio Soto Martínez y los integrantes del segundo tribunal colegiado, por otorgar amparos y revocar la medida de prisión preventiva oficiosa en casos de presuntos secuestradores y homicidas.
Estos señalamientos han generado una fuerte polémica en torno al sistema de justicia y la necesidad de revisar los procedimientos judiciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad. La exposición de estos casos por parte de las autoridades ha abierto un debate sobre la transparencia y la eficacia del sistema judicial en México.