El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda ayer el buen desempeño del ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, a quien atribuyó haberse negado a cumplir la instrucción del mandatario de solicitar órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y militares, y aseguró que en ese momento surgió una rebelión en la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su conferencia, el jefe del Ejecutivo aseveró que es muy probable que la red de complicidades estaba también dentro de las fiscalías, porque el mismo ex fiscal especial declaró que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de aprehensión.
López Obrador fue más allá en sus críticas al trabajo de Gómez Trejo; expresó extrañeza sobre el nombramiento del ex fiscal y sugirió que se indagara cómo llegó al cargo: Ahora estoy investigando de dónde salió y todo parece que lo propusieron de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), donde estaba Emilio Álvarez Icaza, el ahora senador.
Reivindicó los alcances de las investigaciones que ha emprendido su gobierno, porque ya hay más de 120 personas en la cárcel. Consideró que en ningún país del mundo ha ocurrido algo parecido, lo cual incluye la detención del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y la investigación a Tomás Zerón, encargado directo de las pesquisas que derivaron en la creación de la verdad histórica.
Deploró que Zerón obtenga beneficios legales a pesar de las evidencias en su contra. El ex director de la Agencia de Investigación Criminal está prófugo en Israel, protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos, cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura. Y todo eso no sólo es un acto inhumano, ilegal, sino que ayudó a quienes sí estaban involucrados… como fueron torturados.
Recordó que, en su momento, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, le presentó un informe sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala y los días posteriores.
El informe consignaba a los presuntos involucrados que estaban libres, entre ellos Murillo Karam y militares. López Obrador relató que tomó la decisión de que, si había pruebas, se solicitaran las órdenes de aprehensión.
En una entrevista difundida esta semana, Gómez Trejo aseguró que en agosto de 2022 recibió del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, la indicación de pedir las órdenes.
El entonces fiscal especial recordó que pidió un mes para reunir las pruebas indispensables, pero su jefe, el titular de la FGR, le dijo que debía proceder de inmediato, tras lo cual el fiscal especial renunció.
En efecto, sostuvo ayer López Obrador. Terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo, porque empezaron a renunciar dentro de la fiscalía y renuncia este fiscal especial, que ya llevaba como tres años.
El Presidente afirmó que si hubiese continuado esta simulación, no hubiéramos llegado a nada, que era al final lo que posiblemente querían estos simuladores, seudodefensores de derechos humanos, vividores, gente que se aprovecha y saca beneficios del dolor humano.
Ratificó su compromiso de continuar con las investigaciones hasta esclarecer el caso y dar con todos los responsables de la desaparición de los 43 normalistas y de quienes fabricaron delitos o incurrieron en actos de tortura, así como la manera en que se alcanzó ese pacto de silencio que tanto afectó al rumbo de este proceso.