Sobre cómo andan las cosas en materia de seguridad en todo México, por supuesto, Veracruz incluido, hablan por si solo los múltiples y variados hechos de violencia que de tan cotidiano acaecimiento ya forman parte de un muy sui generis costumbrismo social a la mexicana. Por si no bastara, a ese coctel de calamidades sociales tenemos que agregarle la muy frecuente complicidad con grupos delincuenciales de aquellos a quienes la sociedad ha encomendado la función de protegerla contra los criminales. No son pocos los casos que así lo delatan, acontecimientos como el recién ocurrido en Iztacalco en la CDMX donde agentes de seguridad estuvieron involucrados en balaceras del lado de los malosos contra policías; o bien el caso de dos policías de Cancún sorprendidas por cámaras ocultas robando en un cateo al que fueron comisionadas. Acá en la aldea veracruzana, el asesinato de un agente de tránsito en Ciudad Mendoza, la detención del director de tránsito municipal, la deserción de cinco elementos de esa corporación y la desaparición de cuatro personas en ese lugar, revelan con meridiana claridad el modo de complicidad de agentes “del orden” con sicarios de la delincuencia. Para desalentar aún más la ya decaída percepción ciudadana, se escucha al gobernador señalar el contubernio con que operan, en Córdoba, las empresas propietarias de las grúas con grupos delincuenciales, y para cerrar ese círculo nada virtuoso ofrece que “no se permitirán complicidades entre Tránsito municipal y del Estado con grupos delincuenciales”, como si tuvieran que pedirle permiso y no llevaran operando con plena impunidad, allá y en muchas otras ciudades veracruzanas, hace ya algunos años. El día cuatro del mes en curso sucedió una balacera operada con drones artillados contra gente reunida en un festejo en el municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero, con saldo de varios muertos, heridos y desaparecidos, de “caso atípico” lo calificó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ojalá se tratara solo de semántica y no de inútil intento de tapar lo inocultable, pues ese fenómeno se reedita en gran parte del territorio nacional, lo mismo en Guanajuato que en el estado de México, en Zacatecas que en Chiapas o Tamaulipas, Sinaloa. Sonora o Tabasco. Esa ruda y cotidiana demostración de nuestra realidad habla de un agudo fenómeno de descomposición social que será difícil combatirlo con políticas de avestruz, es decir, atribuyendo a conflictos de interés políticos su difusión, en lugar de diseñar una eficaz y eficiente estrategia de combate a la delincuencia. Vale la interrogante ¿por qué no se hace? Que lo averigüe Vargas, decía el clásico.