A estas alturas, el principal negativo de Rocío Nahle, precandidata única de Morena a la gubernatura de Veracruz, ya no es sólo que haya nacido en Río Grande, Zacatecas, ni sea hija de padres veracruzanos como exige la Constitución Política local para ser gobernador (a); o que se equivoque en el número de municipios que tiene la entidad que aspira a gobernar y desconozca los nombres de los alcaldes aliados que la apoyan, sino que ahora, para ganarse la confianza y el voto del electorado, la morenista estará obligada a responder sobre por qué su nombre se ha mencionado en dos delicados casos criminales ocurridos en los últimos tres años: el del empresario huachicolero de Tamaulipas, Sergio Carmona, ejecutado en noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, y el de Daniel Flores, el extinto contratista que falleció al desplomarse sospechosamente su avión privado en el puerto de Veracruz el 28 de julio del año pasado, el cual fue el más favorecido en la construcción de la refinería de Dos Bocas que le encomendó el presidente López Obrador a su ex secretaria de Energía y cuyo costo casi se triplicó.
El lunes antepasado, 22 de enero, comentamos precisamente aquí sobre la serie de tres capítulos titulada “Los teléfonos de Sergio Carmona”, publicada por Código Magenta y basada en los archivos de los teléfonos celulares del empresario tamaulipeco que se convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras electorales del obradorismo.
Referíamos que el medio digital regiomontano, que dirige el experimentado periodista Ramón Alberto Garza García, posee comunicaciones, documentos bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bitácoras de vuelo e información de las autoridades de inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de la élite política de la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación ilegal de combustible en México.
Código Magenta reseña que la información de los teléfonos perdidos muestra la red de contactos directos de Sergio Carmona, quien a principios del 2021, meses antes de que lo ejecutaran, financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos y que en ese año obtuvo al menos 1,500 millones de pesos en contratos federales asignados a Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.
Carmona consolidó su poder en 2019, en los primeros meses de la actual administración obradorista, cuando Ricardo Peralta, administrador General de Aduanas, designó como administrador de la aduana de Reynosa a su hermano Julio Carmona, quien huyó a Estados Unidos inmediatamente después del asesinato del empresario y se reunió con funcionarios del aparato de inteligencia y de justicia norteamericano.
Código Magenta refiere que Julio Carmona explicó que el gran negocio estaba en la evasión de impuestos: una red de importadores con permisos especiales otorgados por la Secretaría de Energía, a cargo entonces de Rocío Nahle, que se dedica al tráfico de combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía transportada como aceites y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina establecida en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El medio digital señala, además, que la Secretaría de Energía, que durante cinco años encabezó Nahle, facilitó el crecimiento de esta industria, al congelar los permisos de importación de combustible en México y asignarlos únicamente a figuras con conexiones políticas. Actualmente, según precisa Código Magenta, sólo existen ocho permisos vigentes de importación de gasolina en el país.
En su primera entrevista con agentes estadounidenses, Julio Carmona habló de que las ganancias de su hermano Sergio en el negocio ilegal de huachicol eran de 360 millones de pesos al año, de acuerdo a documentos revisados por Código Magenta. Sin embargo, la publicación consigna que reportes de inteligencia norteamericanos estiman que esta cifra está subestimada, por mucho.
El otro caso es el de Daniel Flores, un contratista que falleció al desplomarse su avión unos minutos después de haber despegado del aeropuerto “Heriberto Jara Corona”, de la ciudad de Veracruz. Ese día, Flores había acompañado a su amigo, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a un evento que sus simpatizantes le organizaron en la sierra de Zongolica al aspirante a la candidatura presidencial de Morena.
Anteayer, Latinus publicó un trabajo periodístico del reportero Mario Gutiérrez Vega, en el que nuevamente se implica a Nahle, pues señala que “siempre se había dicho que Daniel Flores era el número uno de Proyecta Industrial de México, una empresa central en la construcción de la refinería de Dos Bocas y que ha obtenido contratos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales suman más de 30 mil millones de pesos”. Sin embargo, de acuerdo a los audios obtenidos por la plataforma digital a cargo de Carlos Loret de Mola, revelan que el dueño de facto de esta compañía es Amílcar Olán, el amigo de los hermanos Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del presidente de México, conocidos como “El Clan”, por ser parte de una red de tráfico de influencias y negocios en el gobierno federal.
“En sus conversaciones, Amílcar habla con lujo de detalle sobre la operación de la multimillonaria Proyecta Industrial de México, sus ganancias, los contratos que tiene y la situación financiera por la que atraviesa. Sabe todo de la empresa y cuando se refiere a ella, presume su propiedad”, reseña el reportero de Latinus.
Hasta ahora, a poco más de cinco meses, la sorpresiva muerte de Daniel Flores sigue siendo un misterio porque ni las autoridades ni sus amigos ni en Palacio Nacional han informado las causas del sospechoso desplome de la aeronave particular del contratista favorito de Dos Bocas.
Actualmente, el presidente López Obrador está más interesado en el crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del PRI asesinado el 23 de marzo de 1994, hace casi 30 años, en Lomas Taurinas, una colonia marginada de la ciudad de Tijuana, Baja California.
Este lunes, en respuesta a una nota del diario Reforma, acerca de que el juez Jesús Alberto Chávez Hernández había frenado por ahora el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) que, en año electoral, pretende revivir la teoría del complot” y va por el “segundo tirador” en el magnicidio de Colosio Murrieta –refiriéndose al ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sanchez Ortega, que fue liberado por presuntas gestiones de Jorge Tello Peón y Genaro García Luna, sus jefes superiores en la citada agencia de inteligencia civil del gobierno federal–, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, le pidió a López Obrador que indulte al asesino confeso de su padre.
“Este asunto ha estado muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando… no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Apelo a la compasión del Presidente, yo digo que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que dé un carpetazo final, que permite que tanto mi familia como México sanemos”, expresó el munícipe regiomontano que será candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.
Colosio Riojas señaló que la justicia quedó a deber por el asesinato de su padre. “Lo que pido es que se haga justicia, pero si no se puede hacer justicia, mínimo que se empiece con el perdón”, afirmó.
Sin embargo, ayer, el presidente rechazó conceder el indulto. “Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo que me pide que yo indulte (a Mario Aburto). Quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, en lo que a mí corresponde, que no se deje de investigar”, expresó el mandatario durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
López Obrador dijo que es un asunto de suma importancia, ya que asesinaron a un candidato presidencial, por lo que el crimen no puede quedar impune y tampoco le puede dar carpetazo al asunto como propuso Colosio Riojas, luego de que la FGR confirmara que hubo un segundo tirador en el atentado contra el candidato presidencial priista.
“Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esta conclusión y en su momento también se dio a conocer que había un segundo tirador y se le identificó o por lo menos se constató que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio (…), incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar porque creo que el otro disparo (que tenía Colosio) está en el abdomen”, explicó el presidente.
¿Por qué no se investiga también, con ese mismo interés y meticulosidad, el avionazo de Daniel Flores, el contratista favorito de Dos Bocas, de quien, por cierto, dicen que horas antes del accidente aéreo en el puerto de Veracruz había estado en Palacio Nacional?
¿En las grabaciones que dice tener en su poder Latinus, qué es lo que habla por teléfono con la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, el tabasqueño Amílcar Olán, el amigo de los hijos de López Obrador que se quedó con las empresas del extinto empresario?
¿El electorado veracruzano no merece saber la verdad?