Cuando las críticas arreciaban en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo por su reciente crisis que terminó en un cambio en su presidencia y por algunos de sus fallos que fueron mal interpretados como que daba «manga ancha» a la presidenta del INE o que «morenizaban» a la máxima instancia electoral, ayer los cinco magistrados de la Sala Superior, por unanimidad, aprobaron multar al partido Morena con 62 millones de pesos por haber violado la ley en su proceso interno para elegir precandidata a la Presidencia, por no haber reportado gastos e ingresos en la promoción de sus seis «corcholatas» a través de espectaculares, carteles y bardas que tapizaron en casi toda la República.
La reacción ayer mismo del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusando que la multa del Tribunal a su partido es «ilegal y de carácter político» e incluso culpando a los magistrados de actuar por consigna del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, deja muy claro que el árbitro electoral, el que tendrá que garantizar la legalidad, legitimidad y limpieza de las próximas elecciones federales, empezando por la presidencial, está haciendo su trabajo, que sigue siendo autónomo e independiente en sus decisiones y que ni la oposición ni el partido de Estado que es Morena, controlan, mandan o influyen en los fallos y sentencias de la máxima autoridad judicial en materia comicial.
Ese sin duda es un muy buen mensaje; porque en medio de tanta ilegalidad, abuso y cinismo que vimos los mexicanos en las precampañas presidenciales y de otros cargos, por parte de todos los partidos, el Tribunal Electoral manda un mensaje de certeza de que si los candidatos y sus fuerzas políticas abusan y siguen violando la ley en la etapa de campañas que empieza el 1 de marzo, se les aplicará la ley por parejo, sin importar si se trata de fuerzas opositoras o del poderoso partido gobernante.
Justo de eso se quejaba la actual presidenta del Tribunal, la magistrada Mónica Soto, en un foro reciente convocado por El Universal, donde la juzgadora pedía a los medios, a los partidos y a la opinión pública que «nos juzguen por nuestro trabajo, por nuestras sentencias y no por rumores o especulaciones que nos faltan al respeto y nos quieren etiquetar como afines a un partido o a otro. Cada uno de nosotros -decía la magistrada- tenemos una trayectoria como jueces, abogados o expertos en derecho electoral y por más que nuestros fallos molesten o incomoden a unos y a otros, nosotros les garantizamos a los mexicanos que las próximas elecciones tendrán que ser democráticas, libres y apegadas a le legalidad y todo lo que no sea así, será anulado o invalidado».
Y el fallo de ayer confirma que tenemos Tribunal Electoral independiente y que, por más presiones, ataques o amenazas que reciban los magistrados y aún con sólo cinco integrantes -porque los otros dos nombramientos pendientes los ha frenado Morena en el Senado con intenciones poco claras- el órgano del Poder Judicial de la Federación, que será la última instancia, la que califique y valide la elección presidencial y todas las demás elecciones, nos garantiza a los mexicanos que habrá legitimidad, legalidad y respeto a la decisión que tomen la mayoría de los mexicanos.
En un ambiente electoral tan enrarecido y enconado como el que estamos viviendo, esa garantía de legalidad que nos da el Tribunal Electoral se vuelve un factor de certidumbre. Porque ahora no sólo es la polarización y la confrontación violenta, verbal y físicamente, que atizan desde los partidos políticos y en la que lo mismo caen el Presidente de la República, su partido, sus dirigentes y sus militantes, que los partidos de oposición y los «anti-AMLO» que también incurren en violencia verbal en contra del oficialismo.
Pero lo más delicado y riesgoso en estas elecciones, ya no es sólo la polarización y la violencia verbal que rodea a las campañas; la otra amenaza silenciosa y de la que nadie quiere hablar abiertamente, es la participación e injerencia del narcotráfico y el crimen organizado en las elecciones mexicanas. El fenómeno no es nuevo y lo vimos ya con toda su crudeza y crueldad en las elecciones intermedias de 2021, en las que, de acuerdo con un recuento de la Consultora Etellekt, fueron asesinados 102 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos formales a cargos de elección en esos comicios. El caso más doloroso y a la vez grotesco, fue el de la candidata de MC a la Alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, quien fue baleada y asesinada por sicarios del narcotráfico justo cuando daba un discurso en un mitin de campaña en ese municipio, el 25 de mayo de 2021.
Y por primera vez un funcionario electoral de alto nivel, el magistrado Felipe de la Mata, habló directo y claro sobre la injerencia del narco en las elecciones: «Tengo tres años estudiando el fenómeno y hay razones para emitir una alarma general: los criminales y narcotraficantes ya no sólo intentan poner candidatos suyos o eliminar candidatos incómodos a los que amenazan y obligan a renunciar o de lo contrario los matan; ahora también secuestran urnas y las rellenan, intimidan a operadores y representantes de partido para que no acudan el día de la elección, imponen a sus gentes como funcionarios de casilla y tratan de definir resultados en casillas, distritos y en elecciones municipales principalmente, pero también hay ya casos de gubernaturas documentados».
En el foro mencionado en esta casa editorial, el magistrado De la Mata, que fue secundado por sus compañeros Mónica Soto y Felipe Fuentes, quienes también reconocieron la gravedad de la injerencia del narco en los comicios y llamaron a las autoridades responsables a actuar para impedirlo, reconoció que conoce historias, que le han contado funcionarios electorales del Tribunal o del INE, «que son auténticamente historias de terror» sobre cómo son intimidados, amenazados o a veces incluso atacados por los narcotraficantes en los distritos de la República. «Casi habría que hacer un monumento al funcionario electoral, de las cosas que les están pasando en los estados», dijo.
La solución, coincidieron los tres magistrados, está primero en que las autoridades responsables, como la Secretaría de Gobernación, el Ejército y el Gobierno federal brinden la seguridad suficiente y necesaria el día de los comicios para inhibir o enfrentar a grupos criminales que quieran influir o favorecer a algún partido o candidato. Pero también Felipe de la Mata llamó a revisar las leyes que rigen el marco electoral de México, que son leyes viejas y desfasadas de la realidad, para introducir mecanismos y tecnología como el voto electrónico, el voto anticipado para que no todo mundo tenga que votar el mismo día, utilizando herramientas tecnológicas que inhiban al crimen organizado y garanticen que en las elecciones mexicanas sólo influyan los votantes y no los narcotraficantes.
Así que, por primera vez una autoridad electoral agarra el toro por los cuernos y habla del mayor riesgo que enfrenta la democracia mexicana, junto con el retroceso autoritario: el narcotráfico que ya impone presidentes municipales, que busca imponer gobernadores y que, en un día quizás no muy lejano si no se les frena, se les exhibe y se les confronta con la fuerza del Estado, tratarán de imponer a un narcopresidente en México. De ese tamaño es el reto y el peligro que hoy enfrenta la frágil e inmadura democracia mexicana… Los dados mandan la primera Escalera de la Semana. Mejoramos el tiro.