Rocío Nahle conoce superficialmente a Veracruz, pues, aunque ya recorrió el estado en 2018 como candidata de Morena a senadora y ahora lo está haciendo como aspirante a la gubernatura, sin embargo, cada vez evidencia más su desconocimiento de la política veracruzana.
La disputa por el gobierno del estado es muy diferente a una contienda por una alcaldía –así sea la más importante de todas–, una diputación federal o la senaduría.
Si ella estuviera compitiendo ahora por cualquier otro cargo de elección popular, seguramente nadie se habría preocupado por investigar a fondo su situación patrimonial, como no lo hicieron en 2012, 2015 ni en 2018, cuando contendió dos veces para diputada y senadora. Pero la disputa del gobierno de un estado histórico, rico en recursos naturales y sobre todo con el cuarto padrón de electores del país, desata todo tipo de pasiones y ambiciones no sólo entre los grupos de poder político y económico locales sino también del ámbito nacional.
Desde antes de la alternancia del poder presidencial e inclusive aún después del rompimiento de la hegemonía priista en el año 2000, la disputa de la candidatura a gobernador al interior del priismo solía desatar una encarnizada guerra mediática entre los aspirantes a gobernar Veracruz vinculados a los padrinazgos que ambicionaban la Presidencia de la República.
En 1974, por ejemplo, una declaración al influyente diario capitalino Excélsior hecha por el tuxpeño Jesús Reyes Heroles, entonces dirigente nacional del PRI –“Yo como veracruzano no he votado por él”–, tumbó al recién “destapado” subsecretario de Gobierno del estado, Manuel Carbonell de la Hoz, y ascendió al alicaído Rafael Hernández Ochoa, quien había sido separado de la Secretaría de Trabajo por el presidente Luis Echeverría, para luego mandarlo a hacer campaña para la diputación federal por el distrito de Misantla.
En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari y su poderoso asesor Joseph Córdova Montoya impusieron al panuquense Patricio Chirinos, a la sazón secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, desplazando al senador Miguel Alemán Velasco, quien encabezaba las encuestas pero cuya popularidad ponía en riesgo el proyecto presidencial de Luis Donaldo Colosio, el secretario de Desarrollo Social que sería asesinado como candidato dos años después en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana.
Alemán Velasco llegaría a la gubernatura hasta seis años después, en 1998, cuando la cúpula priista advirtió que podían perder el gobierno de Veracruz ante la inminente postulación del ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien buscaba encabezar la alianza PRD-PT-PVEM, lo que no consiguió el abogado pozarricense ya que un supuesto acuerdo de Alemán con el ex líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas abortó la coalición. El partido del sol azteca nominó al ex diputado federal y ex senador Arturo Herviz, y Morales Lechuga fue abanderado solamente por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, liderados por sus amigos Alberto Anaya y Jorge González Torres. El ex titular de la PGR fue relegado hasta el cuarto lugar de la votación, superado por el panista porteño Luis Pazos de la Torre y hasta por el ex alcalde de Ángel R. Cabada.
Alemán quiso ser candidato presidencial en el 2000 y luego en 2006, pero primero se le atravesó el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, y después el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo.
En 2004, la pugna interna priista por la gubernatura se dio entre Fidel Herrera Beltrán, Miguel Ángel Yunes Linares y el ex director de Banobras, Tomás Ruiz González, quienes ante la postulación del cuenqueño terminaron renunciando al partido tricolor. En 2012, Herrera Beltrán también quiso ser candidato presidencial pero lo desplazó el ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
¿Acaso Rocío Nahle ignoraba que se expondría al escrutinio público de los veracruzanos en la disputa por tan relevante gubernatura? Tarde se dio cuenta que no resultó un día de campo, como equivocadamente suponía.
Se deshizo del principal contendiente interno que le disputó la candidatura de Morena. Desde hace más de tres meses, el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, decidió poner tierra de por medio y autoexiliarse en Yucatán, donde actualmente apoya la campaña de su amigo Joaquín “Huacho” Díaz Mena, un ex panista que por segunda ocasión contiende por la gubernatura en poder del PAN.
Ahora, sin embargo, no ha podido contener los señalamientos del empresario veracruzano Arturo Castagné, quien desde hace dos meses ha venido documentando en la red social X, antes Twitter, diversas propiedades inmobiliarias de Nahle y su esposo José Luis Peña en los estados de Veracruz, Tabasco y Nuevo León, a las que ayer sumó un departamento en Nueva York, así como depósitos millonarios en paraísos fiscales. Castagné Couturier también exhibió que su comitiva usaba un vehículo con reporte de robo y otro de uso oficial registrado a nombre del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, cuyo alcalde con licencia, Rodrigo Calderón Salas, es el coordinador de su campaña. Nahle aclaró el caso de la camioneta robada, pero no la que usa su operador político incurriendo en un delito electoral.
Ayer, en la conferencia de prensa que dio en el puerto de Tuxpan, Nahle informó que debido a la guerra de agravios y señalamientos contra su persona y familia en este periodo electoral había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por difamación, daño moral, daños a terceros, falsificación de documentos, acoso a su persona y a terceros y lo que resulte.
Pero nadie le corrigió que algunos de esos delitos ya fueron derogados desde 1985, y que tampoco le compete a la FGR perseguirlos.
En cambio, este mismo jueves, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del PAN, también acudió a la Fiscalía General de la República para presentar 35 denuncias penales en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, en contra de Nahle García, por irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas de 2019, 2020 y 2021, durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía, mismas que suman la cantidad de 533.1 millones de pesos, relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
La diputada Pérez-Jaén destacó que, “de acuerdo con los Informes de Resultado de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Petróleos Mexicanos en las Cuentas Públicas de 2019 a 2021, se detectaron múltiples irregularidades en donde se señalan a las subsidiarias Pemex Corporativo y Pemex Logística, reflejando deficiencias en los procesos de gestión y control financiero de esta empresa productiva del Estado”.
Además, indicó, “las irregularidades no se limitan únicamente a los montos pendientes de recuperar o aclarar lo que ya mencioné, sino que también se han observado diversas prácticas cuestionables en la ejecución de contratos y proyectos, señaladas por la ASF en 35 pliegos de observaciones por presuntos daños a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de Petróleos Mexicanos.
“Irregularidades que abarcan una amplia gama de situaciones, desde pagos indebidos y excesos en pagos a distribuidores y beneficiarios, hasta la falta de pago de anticipos y otras discrepancias relacionadas con la realización de proyectos”.
Recalcó que se destacan problemas como la existencia de pagos duplicados, diferencias en los volúmenes ejecutados y pagados, errores aritméticos e incumplimientos en contratos, entre otros aspectos.
Finalmente, la diputada Pérez-Jaén subrayó que estas cifras y hallazgos revelan la necesidad urgente de investigar la responsabilidad de Nahle García del destino final de esos recursos erogados y no transparentados.
“Dos Bocas no ha refinado ni un barril, lo único que han refinado es el arte de robar”, concluyó la legisladora de Acción Nacional.
¿Y así aspira Nahle a gobernar y administrar el erario de un estado como Veracruz que anualmente ejerce un presupuesto de egresos de más de 163 mil millones de pesos?