Una vez con la victoria electoral de su lado, en 2018, el actual presidente comenzó su rutinaria predica acerca de cómo resolvería el problema de la inseguridad pública en el país ofreciendo como ilusionaría visión el fin de las masacres, decía: “La erradicación de la corrupción depende principalmente de que en esa tarea se involucre la voluntad política y la capacidad de decisión del titular del Ejecutivo y de la autoridad moral de los gobernantes… Si hubiese decisión para aprovechar las bondades de esta virtud, sólo sería cosa de exaltarla, de cultivarla entre todos, de hacerla voluntad colectiva y, en consecuencia, volverla gobierno…”; con ese optimismo inducía a pensar que la solución contra la delincuencia ocurriría casi en sincronía con su acceso al poder. Lamentablemente, transcurrida casi la totalidad de su mandato, en el panorama nacional no se advierte mejoría alguna en materia de seguridad pública y sí, a cambio, estrategias inadecuadas para siquiera menguar el elevado grado de la virulencia delincuencial. A punto de concluir el mandato de AMLO se constata que la concordia nunca apareció en el horizonte nacional. Por el contrario, el poder de la delincuencia ha avanzado apoderándose de mayor territorio nacional arrebatado al Estado Mexicano. Lo insólito de ese avance evidenciado cotidianamente en todo el territorio nacional lo hace parecer inverosímil.
Ayer en Ensenada, Minerva Pérez Castro, en su carácter de presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA) denunció casos de extorsión ejercidos contra miembros de ese importante sector, horas después fue víctima de la delincuencia que con 20 balazos le dio muerte. Más al sur de la república, el domingo pasado dos negocios de mariscos resultaron consumidos por las llamas provocadas por bombas caseras, de inmediato sus respectivos propietarios declararon el cierre definitivo de esos negocios, son como la punta de un inmenso iceberg en cuya base subyacen incontables víctimas de la extorsión. La respuesta del gobierno estatal ha sido la de mandar 235 elementos policiacos “para dar con los responsables y prevenir más hechos delictivos contra negocios de la iniciativa privada”. De poco servirá esa acción de gobierno porque llega retrasada y es de indole reactiva, con fuerte tufo a simulación porque la región sur de Veracruz desde tiempo atrás es rehén de grupos delincuenciales sin que haya autoridad capaz de enfrentarlos. Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Sayula, la Cuenca del Papaloapan, en el sur; Rio Blanco, Orizaba, Nogales, Ciudad Mendoza, Córdoba, Veracruz-Boca del Río, Xalapa etc., en el centro; Martínez de la Torre, Poza Rica, Coatzintla, Tuxpan, Álamo, etc., en el norte de la entidad sufren como denominador común la extorsión, todo empresario lo sabe, el gobierno también ¿qué se ha hecho para enfrentar esa patología social? Por obvia, la respuesta la dan los golpes de la realidd. Desafortunadamente la convivencia con el submundo delincuencial ya se ha hecho costumbrismo, en el sector público cómoda complacencia y en la sociedad conformismo. Aunque usted no lo crea.