viernes, noviembre 22, 2024

Que no nos vengan a vender espejitos

Juegos de Poder

Leo Zuckermann

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el próximo de Claudia Sheinbaum nos venden la idea de que, como por arte de magia, la elección de jueces resolverá los añejos problemas del Poder Judicial. Como el pueblo nunca se equivoca, darle el poder a la ciudadanía de elegir directamente a los juzgadores les otorgará la legitimidad y eficacia que hoy no tienen.

Mentira.

En su estudio Reforma del Poder Judicial en México: mapa urgente para el debate, Rafael Archondo nos ilustra cómo los regímenes populistas de Venezuela y de Ecuador innovaron la manera de designar a los jueces sometiéndolos a reglas que supuestamente los legitimaban. Sonaba muy bien, pero “terminaron sometiendo a los tribunales a las agendas e intereses puntuales del Poder Ejecutivo”.

Luego vino el caso de Bolivia. Ahí fueron más allá y, en su nueva Constitución de 2009, se ordenó la elección de los jueces de los más altos tribunales.

He aquí lo que ocurrió en palabras de Archondo:

“Las primeras elecciones judiciales bolivianas tuvieron lugar el 16 de octubre de 2011. Se presentaron como aspirantes a los cuatro tribunales en disputa un total de 393 hombres y 188 mujeres. Dos comités del Congreso boliviano revisaron los documentos de los 581 aspirantes a máximos jueces […] Del número señalado de postulantes, 348 terminaron siendo calificados como aptos por los parlamentarios reunidos en las dos comisiones (una por cada cámara). A partir de esa extensa lista, el pleno del Congreso votó por 118 nombres para que figuraran como candidatos en la boleta electoral. En efecto, la papeleta impresa para el 16 de octubre era mucho más grande de lo habitual y su longitud fue un verdadero problema para los votantes interesados en definir su voto. Los aspirantes finales sumaron un número de 74 y quedaron retratados en una sola boleta para todo el país”.

Casi dos años después, el Tribunal Constitucional, el primero electo por voto ciudadano, desconoció los resultados de un referéndum. Los bolivianos habían dicho que “no” a una nueva reelección de Evo Morales. Los jueces, sin embargo, la permitieron, contra lo que decía la Constitución, alineándose a los intereses del Presidente en turno.

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