La normalización de conductas sociales es un proceso mediante el cual ciertos comportamientos pasan a considerarse habituales y aceptables. En algunos contextos, este concepto sirve para dar visibilidad e integrar colectivos históricamente excluidos. En contraposición a su uso inclusivo, la normalización también puede ser utilizada para imponer una visión específica de la realidad.
El reciente hallazgo en Jalisco de un rancho vinculado con actos de violencia extrema de acuerdo a evidencias encontradas por colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, provoca un análisis sobre la normalización de la violencia en México.
Desde hace casi dos décadas, nuestro país enfrenta un aumento significativo de actos violentos como robos, secuestros, homicidios y desapariciones forzadas. Estas prácticas conllevan afectaciones físicas, económicas y emocionales. Sin embargo, tal parece que en nuestra sociedad estos actos violentos se han vuelto aceptables o tolerados como parte de la vida cotidiana, principalmente por necesidad de sobrevivencia.
En regiones de Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Jalisco, ante la frecuente violencia criminal, los habitantes han aprendido a sobrevivir y adaptarse al miedo. Esta adaptación muestra un ejemplo práctico de esa normalización. La violencia deja de ser una excepción para convertirse en un factor constante de la vida.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 282 mil millones de pesos, equivalente al 1.15 por ciento del PIB nacional. Este monto representa el más elevado desde 2018 y el porcentaje más alto respecto al PIB desde el 2020
Las redes sociales contribuyen a la desensibilización y falta de empatía colectiva sobre la violencia. La rápida difusión de actos violentos y su descontextualización contribuye a la invisibilidad, otorgándoles elementos de morbo y espectáculo, además de una desconexión de las causas y consecuencias reales.
En los últimos años, las autoridades han abonado a la normalización de la violencia. Sin importar el nivel de gobierno, han carecido de medidas efectivas para investigar, disminuir y prevenir estos actos. La sensación de impunidad y la nula actuación lleva a que la violencia se perciba como estado permanente e inalterable. Además, la estrategia de criminalizar a las víctimas, culpar a los medios de comunicación y a la oposición política minimiza la importancia de los hechos violentos. El ENVIPE evidencia que la tasa de delitos no denunciados o que, a pesar de haber sido denunciados, no iniciaron una carpeta de investigación, fue de 92.9 por ciento a nivel nacional en 2023.
Un informe publicado en el sitio web de Causa en Común señala que entre enero de 2020 y septiembre de 2024 se cometieron 26,614 atrocidades, incluyendo 6,501 casos de tortura, 3,456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,798 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 2,666 fosas clandestinas y 2,469 masacres. En cuanto a la incidencia delictiva de 2019 a 2024, se cometieron en promedio 94 homicidios dolosos diarios, con un total de 196,523 víctimas. Se registraron 5,804 víctimas de secuestro y 56,607 de extorsión, con un aumento a nivel nacional del 59 por ciento.
La impunidad ante la indiferencia gubernamental, ha permitido la repetición constante de actos violentos. Esto ha propiciado un incremento alarmante de personas desaparecidas y cadáveres no identificados. Las personas desparecidas pasaron de 6,986 en el 2018 a 13,541 en el 2024, con cifras en ese sexenio de 54,578 personas no localizadas. Hasta diciembre de 2024, se reportaron un total de 120,628 personas desaparecidas en México siendo Sonora, Aguascalientes y Sinaloa los estados con mayor aumento porcentual del 200, 198 y 129 por ciento, respectivamente. Entre 2019 y 2023, ingresaron a las morgues 34,699 cuerpos que permanecen sin identidad, representando el 48 por ciento de los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006. Estas cifras exponen una grave crisis forense que se agrava por factores como la falta de priorización y recursos, ineficiencia e inoperancia institucional y manipulación de registros e información.
Desde que el ex presidente Felipe Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. El rezago forense se ha incrementado año tras año desde 2014, alcanzando un récord de 8,139 víctimas anónimas en 2023. En apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos No Nombre (NN).
Las consecuencias en la violación de los derechos humanos son significativas, afectando el derecho a la vida, la dignidad humana, la seguridad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica. Las familias de los desaparecidos sufren especialmente al no conocer el destino de sus seres queridos, lo que también vulnera sus derechos.
La sociedad mexicana parece haber alcanzado un punto en que atrocidades que antes causarían gran conmoción ahora apenas generan atención. Muchas masacres, lamentablemente, han pasado casi inadvertidas. Esta falta de reacción sostenida es una clara manifestación de la normalización de la violencia. Tal fenómeno es el resultado de diversos factores, como la exposición constante de actos violentos en los medios de comunicación. Estudios han demostrado que la repetida exposición a imágenes violentas puede desensibilizar a las personas, normalizar la violencia y mermar la capacidad de empatía hacia las víctimas. Además, la falta de sanciones y la influencia de normas culturales que justifican estas conductas contribuyen a perpetuar el problema.
Las estadísticas diarias de homicidios, secuestros y desapariciones han llevado a que estos actos violentos se vuelvan tolerados e integrados en la vida cotidiana, lo que provoca una pérdida de sensibilidad hacia su gravedad y consecuencias.
Los efectos en la sociedad mexicana incluyen la generación de terror e inseguridad, la erosión de la confianza en las instituciones y la organización de los familiares de las víctimas ante la falta de respuesta gubernamental. La normalización de la violencia fragmenta el tejido social y genera una profunda crisis humanitaria en el país.
La normalización de la violencia ocurre cuando la sociedad y sus líderes, mediante la exposición constante, la falta de acción y ciertos discursos, terminan aceptando la violencia como parte inherente y cotidiana de la realidad, lo que disminuye la capacidad de indignación y la exigencia de soluciones efectivas. La omisión del Estado mexicano se manifiesta en falta de voluntad política sostenida, acompañada del debilitamiento de instituciones clave encargadas impartir justicia, perpetuando así la grave crisis humanitaria que vive el país.
Ideario en Perspectiva
La realidad política en México confiere relevancia a la reflexión de Jonny Thomson sobre la “teoría de la estupidez” de Dietrich Bonhoeffe. Resalta que “Hace más daño un idiota poderoso que una banda de maquiavélicos intrigantes (…)” y agrega “La estupidez es mucho más difícil de erradicar, lo que la convierte en un arma peligrosa. Como a los malvados les cuesta hacerse con el poder, necesitan que los estúpidos hagan su trabajo. Una persona estúpida puede ser guiada, dirigida y manipulada para hacer cualquier cosa. El mal es un maestro de marionetas, y nada le gusta tanto como las marionetas descerebradas que se lo permiten, ya sea en el público en general o en los pasillos del poder”.