Agencias/Sociedad 3.0
Alonso Ancira llegó ayer a México, luego de ser extraditado desde España en donde estuvo casi 20 meses; anoche ingresó al Reclusorio Norte, en donde hasta el cierre de esta edición se encontraba en audiencia ante un juez de control.
El empresario, quien aún es presidente del Consejo de Administración de AHMSA, arribó al país a bordo de una aeronave de la Fiscalía General de la República a las 17:11 horas.
Luego de más de tres horas, fue trasladado al Centro de Justicia del Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Poco después de las 23:00 horas comenzó la audiencia vía videoconferencia, ante el proceso que se le sigue por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados a Pemex.
Al arranque, Ancira dijo que se “encuentra bien” de salud. Esto, pese a que horas antes, su defensa alegó que buscaría que no quedara en prisión ante el temor de contagiarse por COVID-19, ya que padece de diabetes, hipertensión y problemas cardiacos.
A lo largo del día, los abogados del empresario señalaron que contaban con un amparo que impedía su detención. Sin embargo, el juez durante la audiencia sostuvo que la suspensión del acto reclamado no impedía celebrar la audiencia inicial.
Asimismo, los litigantes de Ancira reclamó que se debía “replantear el carácter de ofendido de Pemex”, es decir, que Pemex no es la víctima en este caso. Sin embargo, el juez lo declaró infundado. Hasta las 1:30 horas de hoy, la audiencia continuaba.
Es viable que AHMSA pague los 200 millones de dólares como reparación del daño por la venta de Agronitrogenados a Pemex a un sobreprecio, sin embargo, no hay claridad todavía sobre cómo llegaría ese dinero a las arcas del Gobierno.
Gerardo Pérez Pérez, abogado saltillense, explicó que debido a la demanda que existe de Pemex contra la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional por la compra venta a sobreprecio deAgronitrogenados, se reconoce el daño y hay el compromiso de pago.
Con base en el decreto del 22 de enero de 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para reformar las leyes de la administración y enajenación de bienes del sector público, Ley de Extinción de Dominio, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes y la de Concursos Mercantiles, se faculta al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado a recibir toda clase de bienes y valores tanto de dependencias, gobiernos de los tres órdenes, poderes, de organismos autónomos y cualquier otro ente público, como Pemex.
De acuerdo también con el Estatuto Orgánico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se le confieren facultades para recibir bienes y depósitos en numerario, además de activos financieros.
El experto consideró que en el proceso penal se puede aperturar un incidente de reparación del daño, el cual tiene como propósito justificar que el daño que se ocasionó con el delito quede reparado o pagado, y consecuentemente se pueda proceder al sobreseimiento o a la conclusión de la causa.
El dinero debe llegar técnicamente al afectado, que en este caso fue Pemex, pero se desconoce si posteriormente Petróleos Mexicanos entregará el dinero al Gobierno Federal.
Por separado, el senador con licencia por Coahuila, Armando Guadiana, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que se respete la Ley de Amparo y Ancira pueda enfrentar el proceso penal que se le sigue desde su domicilio en la Ciudad de México.