Ciudad de México.- Con 97 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impartición de justicia digital.
Así, para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente, el Poder Judicial de la Federación, y los de las entidades federativas, implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Lo mismo aplicará para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales administrativos de las entidades federativas, los tribunales agrarios, los tribunales laborales, los tribunales electorales federal y de los estados.
La ley establecerá las diligencias y procesos que por su naturaleza deban ser presenciales, para garantizar una adecuada impartición de justicia.
El objetivo de la propuesta es substanciar y resolver en línea los procesos y procedimientos jurisdiccionales en todas sus etapas, así como promover la consulta e integración de expedientes electrónicos, lo que resulta prioritario ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo, derivada de la pandemia por Covid-19.
Al presentar el dictamen, el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que es necesario incluir la justicia digital, debido a la emergencia que atraviesa el mundo, por los avances tecnológicos y para tener una justicia más rápida y expedita.
Esta reforma moderniza la justicia, actualiza sus procedimientos y coloca en manos de la ciudadanía elementos y medios ágiles para obtener una justica con menos riesgo en épocas de pandemia, puntualizó el legislador.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, de la bancada del PAN, aseguró que la computación es el futuro, pues aún queda mucho por explorar en materia de innovación y tecnología. Lo que está por venir es increíble, agregó, pues esto ayudará a disminuir la brecha de desigualdad, acercando la justicia a los sectores más desfavorecidos.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón expresó que el dictamen representa un reconocimiento a nivel constitucional a lo que ya se practica, que es la digitalización de la justicia y a la celeridad que deben tener los procesos judiciales.
El senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, manifestó que con esta reforma se da un paso “gigantesco” en la garantía del derecho al acceso a la justicia. Ahora es necesario implementarla de “abajo hacia arriba”, indicó, porque si un avance tecnológico no es accesible para todos, no es revolucionario ni innovador.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, enfatizó que este esquema digital ya se ha instaurado en diversas instancias administrativas a nivel local y Federal; sin embargo, era necesario precisarlo en el marco constitucional, además de asentar en qué diligencias si es posible aplicar esta modalidad y cuáles deben ser presenciales.
En tanto, la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, destacó que, ante la crisis de justicia y el rezago de controversias por la pandemia, esta reforma es una alternativa para la resolución de conflictos. Con ello, los expedientes, así como los juicios serán vigilados en todas sus etapas, a efecto de garantizar la legalidad de los procedimientos para su desahogo.
El proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Eliminan partida secreta
El Senado aprobó una reforma constitucional para eliminar esta figura en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de evitar el uso discrecional de los recursos públicos.
Entre 1983 y 1995 se ejercieron 26 mil 500 millones de pesos, bajo este concepto; se desconoce su destino.
El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer en el artículo 74 de la Constitución que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los senadores coincidieron con la colegisladora en “dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas”, que durante muchos años permitieron gastos propios de la corrupción, como elemento del sistema político.
Este proyecto, aprobado con 94 votos a favor, fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
Incluye el Senado justicia cívica como medio para prevenir el delito
El Pleno del Senado avaló un proyecto de decreto que incluye a la justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia.
Se busca, pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de conductas delictivas, a la incorporación de una visión de justicia cívica que complementa el sistema vigente, a fin de facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad.
El proyecto de decreto fue aprobado con 94 votos a favor y fue enviado a la Cámara de Diputados.
Al presentar el dictamen, que reforma los artículos 5, 17 y 21 de la Constitución, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, enfatizó que se trata de un mecanismo que busca prevenir el delito, así como generar condiciones de armonía social y resolver los conflictos de manera pacífica en una etapa previa antes de que se conviertan en delitos.
El legislador dijo que en México se presentan más de 30 millones de ilícitos, muchos de ellos, si se hubiesen abordado los conflictos de manera adecuada, en sus ambientes cotidianos, colonias y parques, pudieron no haber sucedido.
“Se pudieran haber resuelto esas diferencias con instrumentos distintos a la materia penal, y eso es lo que busca este dictamen”, subrayó.
Queremos establecer con claridad en la Constitución que el objetivo que tiene la justicia cívica en México puede representar una alternativa muy positiva en materia de justicia para el país, insistió.
El dictamen establece que será competencia de las autoridades administrativas, la aplicación de sanciones por las infracciones en los reglamentos del gobierno y de la policía, las cuales consistirán en amonestación, multa, reparación del daño, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad.
Pero si el infractor no pagase la multa impuesta, se permutará por un arresto, que no excederá en ningún caso de 36 horas. El trabajo a favor de la comunidad no deberá conmutarse por multa, salvo las excepciones que establezca la ley.
En la discusión general, el senador José Luis Pech Várguez, de Morena, afirmó que la justicia cívica es un instrumento primario para la prevención del delito, la reparación de algún daño y la convivencia armónica.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó que se trata del primer escalón de la intervención de la autoridad para garantizar el cumplimiento de la ley y combatir la impunidad.
Por el Partido de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado dijo que el dictamen busca la visión democrática de arreglo de conflictos y no la visión punitiva. Apuntó que falta una ley secundaria que permita procedimientos más ágiles y eficientes en la materia, en pro de la cultura de la paz.
En tanto, Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, refirió que el dictamen deja atrás el paradigma vengativo de “ojo por ojo”, para transitar a un modelo alternativo de justicia cívica de reparación del daño, prevención del delito y de construcción del tejido social.