Tal como lo habíamos adelantado el pasado viernes aquí, este lunes 14 estará en la sede del Congreso local el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el pretexto de pedir a los 50 diputados veracruzanos avalar la reforma constitucional que las dos Cámaras del Congreso de la Unión acaban de aprobar para que las Fuerzas Armadas sigan participando en labores de seguridad pública hasta el año 2028, o sea, hasta el cuarto año del siguiente sexenio.
Habrá que ver si algún valiente diputado o diputada de oposición se atreve a encarar al engallado aspirante presidencial de Morena, quien en sus encuentros anteriores con legisladores de Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla ha arremetido en contra de gobernadores de otra filiación partidista, reprochándoles que no hayan apoyado esta reforma pero que en cambio, ante sus problemas de inseguridad, sí hayan pedido el apoyo del Ejército, de la Marina Armada y de la Guardia Nacional.
Pero, entre los millones de archivos que el grupo de hackers Guacamaya extrajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existen reportes oficiales sobre presuntos vínculos de los cárteles de la delincuencia organizada con algunos gobernantes de Morena que actualmente tienen en su poder 22 de las 32 entidades federativas.
Hace tres semanas se publicó, por ejemplo, que el 11 de diciembre de 2019 el entonces gobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación designó a Hernán Bermúdez Requena como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pese a que, un mes antes, el mando policiaco había aparecido en un reporte de inteligencia militar por sus presuntos vínculos con un grupo delictivo que operaba en Villahermosa, la capital del estado.
No fue el único informe: tres reportes de 2021 y uno de agosto de este año, lo vincularon a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a la banda “La Barredora” y a Benjamín Mollinedo Montiel, (a) “El Pantera”, líder del huachicoleo detenido en septiembre de ese año.
Ayer, sin embargo, se difundieron otros dos reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) sobre una investigación de la Sedena a la Guardia Nacional, la cual detectó vínculos de autoridades locales con al menos seis organizaciones criminales en la región de Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca –señalando entre las principales al CJNG y el Cártel del Pacífico, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y otros de menor relevancia como dos escisiones de Los Zetas y el Cártel del Noreste–, cuya actividad criminal se focaliza en el tráfico de droga, migrantes, extorsión, mercado ilícito de combustible y cooptación de funcionarios.
De acuerdo con el reporte militar titulado “Caso Veracruz”, el CERFI ubicó a un grupo delictivo encabezado por Efrén Martínez Gómez, (a) El Fantasma, a quien le adjudican coordinar las actividades delictivas para el CJNG en los municipios de Cosoleacaque, Jáltipan, Zaragoza, Acayucan y Las Choapas.
El CERFI lo vincula con autoridades municipales, estatales y federales que reciben el pago de cuota con recursos de procedencia ilícita.
¿Alguien se atreverá hoy a cuestionar al presidenciable secretario de Gobernación por qué no han podido acabar con estas complicidades a dos años de que concluya la presente administración?
Por cierto, Adán Augusto debe saber cuál es el verdadero trasfondo de la sorpresiva renuncia del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado como secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, quien el pasado jueves 20, a través de una carta dirigida al gobernador Cuitláhuac García, argumentó que “debo atender cuestiones muy personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo que este encargo demanda…”
¿Acaso le urgía irse de pelada? Porque ni siquiera tuvo el valor de dar la cara.
JUSTICIA PARA TAVO CADENA
A pesar de las chicanadas que le hicieron en dos ocasiones anteriores, el compañero periodista Gustavo Cadena Mathey sigue aguardando respetuoso y tolerante que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, acate por fin la sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que ordenó su reinstalación en la plaza laboral que desempeñaba hasta 2017, cuando fue cesado arbitrariamente.
Este lunes 24, a las 10:00 horas de la mañana, tendrá lugar la tercera diligencia para que el colega sea reincorporado en su plaza de trabajo, cuya labor como comunicador contribuyó a la buena imagen institucional del PJE.
Tavo Cadena acudirá acompañado de su abogado y de un actuario del Tribunal de Conciliación que dará fe que la sentencia se cumpla cabalmente por la autoridad obligada.
A ver si en esta ocasión no vuelven a salir otra vez con la niñería de que Chabelita “no está”, pues la magistrada ya debe estar arreglando sus maletas porque en un par de semanas ahora sí deberá entregar la presidencia del TSJE y del Consejo de la Judicatura, cargos que debió dejar desde abril pasado cuando cumplió la edad límite de jubilación forzosa, pero el Congreso local le concedió la dispensa de ley por seis meses más.
¿Deveras no puede, en este caso, acatar la ley y corresponder con la misma generosidad?