Hace diez días, a propósito del caso de Araly Rodríguez Vez, una modesta trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que ha recibido contratos por más de 100 millones de pesos como proveedora de diversas dependencias del gobierno estatal, advertíamos que a casi 21 meses de que concluya su administración, no se percibía que el gobernador Cuitláhuac García fuera a realizar ajustes en su gabinete ante los escándalos de corrupción que han venido aflorando desde finales del año pasado y los que seguramente la oposición buscará capitalizar políticamente en las elecciones locales y federales de 2024.
Y consignábamos que ante la guerra electoral que se aproxima, lo más prudente sería que el mandatario veracruzano se blindara, porque todo apunta que las baterías de sus adversarios se enfocarán principalmente en contra de la bandera de la honestidad que enarbola el líder moral de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, hasta ahora, García Jiménez es quien ha venido apechugando y dando la cara, cuando los obligados inmediatos para dar explicaciones, antes que el titular del Poder Ejecutivo, deberían ser los funcionarios responsables que firmaron y pagaron los contratos, pero sobre todo la Contraloría General del Estado (CGE) que, para colmo, ¡también ha sido señalada por presuntos actos de corrupción!
A la protegida de Nahle le achacaron el encubrimiento de una presunta lista de personas con sueldos de entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, pero de los cuales –supuestamente– sólo recibían el 20 por ciento. Ante el escándalo, Garibo Puga renunció pero fue relevada por Mercedes Santoyo Domínguez, ¡una ingeniera bioquímica administradora en proceso de alimentos que se desempeñaba como directora general de Fiscalización Interna de la CGE!
El cambio, aparentemente, no erradicó las corruptelas. Y es que trascendió que una supuesta operadora de la contralora Santoyo, identificada como Margarita Orozco y conocida en las redes sociales como “Maggie” Orozco, sería quien se dedica a reclutar personas dispuestas a firmar por 30 mil y hasta 45 mil pesos a cambio de recibir el 10%, o menos, mensualmente.
En esta presunta trama de corrupción, se mencionan también los nombres de la Maestra en Auditoría, Emma Patricia García Rodríguez, a cargo del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, y el del titular de la Unidad Administrativa de la propia CGE, Alfonso Sánchez García.
Entre los supuestos nombres y contratos difundidos en las redes sociales, figuraba el 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021, firmado supuestamente por Rafael Antonio Rodríguez Morales, como “Prestador de Servicios”.
De acuerdo con dicho contrato, Rodríguez Morales ostentó sólo un título de Maestría en Administración de la Seguridad Pública emitido por el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Pública, además de presentar Constancia de Situación Fiscal Empresariales y Profesionales expedida por el SAT.
Se borró su nacionalidad, su RFC y obviamente su domicilio fiscal.
Los servicios profesionales fueron como “Supervisor de Fiscalización”, sin perfil para el cargo, pues se le encomendaron los “servicios de vigilancia, inspección y control, tanto en etapa documental como física de obras públicas y servicios relacionados con ellas, aplicando la normatividad sobre el ejercicio presupuestal de los fondos estatales”, entre otras responsabilidades asignadas.
El pago habría sido de 42 mil pesos y el contrato abarcaba del 07 de julio al 30 de agosto del 2021. Sin embargo, Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al final del contrato, aparentando cierta dificultad para hacerlo, por lo que se presume que le habrían falsificado la firma ya que él radica en Estados Unidos.