Por Raúl Arias Lovillo
Actualmente todos los indicadores disponibles, basados en estadísticas oficiales, muestran de manera contundente la grave crisis social que hoy vivimos en Veracruz: violencia e inseguridad, feminicidios, crisis económica, desempleo, etc. “Peor ciego es el que no quiere ver”, dice el viejo refrán popular.
Por ejemplo, hace unos días una persona que entiendo cree todo lo que hace y dice el gobierno actual, me cuestionaba sobre si acaso no era un enorme mérito los aumentos en el salario mínimo que se han decretado en el gobierno de AMLO. Traté de argumentar que nunca los aumentos salariales pueden constituir un buen camino para mejorar las condiciones de vida de la gente. Si acaso en un corto plazo los incrementos salariales resuelven algunos problemas inmediatos de las personas. Sin embargo, como ha ocurrido recientemente en nuestro país, el incremento de costos resultado del incremento salarial se tradujo en mayores niveles de inflación, es decir, los aumentos salariales se los tragaron los aumento de precios. El resultado que muestran los datos oficiales de la inflación es que hoy la canasta básica es más cara que en el gobierno neoliberal anterior. El supuesto beneficio ha quedado en una mera ilusión.
Otros miembros adeptos al gobierno me han comentado sobre los grandes logros de la política social de la denominada 4T: “la política social más ambiciosa de la historia”, “los programas sociales, sin intermediarios, llegan a tantos hogares como nunca antes”.
Una revisión de la información disponible sobre esto, rápidamente muestra la falsedad de lo que postulan. En primer lugar, “el gasto del gobierno federal (actual) en programas sociales es 8 por ciento menor que su máximo histórico en 2015”, en otras palabras, en el gobierno neoliberal anterior se gastaba más en programas sociales que hoy. Así también, con base a la información del INEGI hoy podemos afirmar que sólo tres de cada 10 hogares en el país son beneficiarios de algún programa social (a excepción de la universalidad que alcanza la pensión de adultos mayores), esto está muy lejos de la cifra del 50 por ciento de familias que según AMLO recibían programas sociales.
Existen más datos que por el espacio es imposible citarlos, pero es necesario destacar que en los años de crisis económica más grave del pasado reciente, derivada del confinamiento por COVID 19, nuestro país no aumentó el gasto en programas sociales, contrario a la tendencia mundial que muestra que la mayoría de los países realizaron un fuerte incremento en el gasto social para paliar los efectos de la crisis, sobre todo en los más pobres (los datos pueden consultarse en Nexos, julio 2021).
Sobre la situación específica de nuestro estado, me gustaría citar dos datos. El primero, de acuerdo con el “Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023” de la propia Secretaría de Bienestar, se estima que el 60.8 por ciento de la población total de Veracruz se encuentran en situación de pobreza y el 16 por ciento se encuentra en pobreza extrema. El segundo dato, proporcionado por el Observatorio de Finanzas y Desarrollo Regional de la Facultad de Economía de la UV, señala que el 70 por ciento de la población veracruzana trabaja en la informalidad laboral, es decir, que “al menos dos millones 290 mil personas tienen empleos que no están registrados, ni regulados o protegidos por el marco legal existente, por lo que no reciben prestaciones laborales, su jornada de trabajo excede la establecida legalmente y su salario normalmente es inferior al que señala la ley”.
Ante estas evidencias ¿qué queda del llamado gobierno de “primero los pobres”? Con los datos presentados se puede afirmar que muy poco ha hecho el gobierno actual para reducir los niveles de pobreza, desempleo y marginalidad social de Veracruz, incluso han aumentado la pobreza y el desempleo. Agregaría que existe un problema de origen: su estrategia es errada, distribuyendo dinero no se reduce la pobreza.
Realmente vamos a reducir la pobreza cuando se atienda el crecimiento económico y se proporcionen servicios de calidad a la población: salud, educación, transporte público, por mencionar los más importantes.