Por la estricta aplicación de la Ley, dentro del marco normativo establecido por el Constituyente Permanente, y tras de un detenido y fundamentado análisis, nueve ministros de la SCJN votaron por dejar sin efectos el bodrio legislativo configurado en lo que se conoce como el Plan B electoral, luego entonces inválida su vigencia. Este episodio exhibe la lamentable inconsciencia ideológica (convertida en servil sumisión) de quienes por encargo constitucional tienen la encomienda de formular y aprobar leyes y reglamentos para mejorar la convivencia social, condición que los obliga a una seria y muy responsable deliberación sobre lo que aprueban; sin embargo, abdicando de esa responsabilidad aprueban en automático e indiscriminadamente todo expediente remitido desde el centro del poder personificado en el titular del Poder Ejecutivo Federal, hoy por hoy el legislador por excelencia, tal cual se estilaba durante la presidencia imperial de índole priista. A confesión de parte relevo de pruebas, claramente manifiesta en la declaración de la ex Ministra Olga Sánchez Cordero quien reconoce el proceder de la Corte al reconocer improcedente “echarle culpa al vecino”, por el desaseo legislativo en que aprobaron sin previo conocimiento, pero con deliberado afán de quedar bien con quien las promovió, reformas quizás sustantivamente equilibradas pero con evidentes fallas al proceso legislativo. Igual opinión expresó el Coordinador de la Jucopo del senado, en un retrasado juicio deliberativo para sugerir más apego al procedimiento legislativo para evitar exhibirse de fea forma. Por supuesto, ya a toro pasado el mea culpa de la ex ministra es irrelevante, porque no la enaltece haber votado afirmativamente por un despropósito fuera de los cánones establecidos en el marco normativo. Por su parte, los Ministros de la Suprema Corte solo cumplieron con un deber impuesto por el elevado cargo que desempeñan: revisar la constitucionalidad de cualquier tipo de legislación, si bien, debemos reconocerlo, en un escenario en el cual las presiones en su contra elevaron los decibeles hasta el grado de ser catalogados como “traidores” al pueblo, ese término tan versátilmente voluble que difícilmente encuentra una definición precisa porque ¿a quién le corresponde la autoridad política o moral de decidir quién es pueblo y quién no? Sociología o política ¿A cuál concepto hacerle caso? En resumen, al anularse las reformas que sustanciaron el famoso Plan B quedarán vigentes las disposiciones introducidas al marco normativo electoral en 2014. O sea, no se creará el Sistema Nacional Electoral que atribuía al INE responsabilidades adicionales en los estados y el correspondiente impacto en el funcionamiento de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs). De esta manera se escribió el epilogo del ensayo presidencial para modificar funciones y estructuras del INE, Pero nada asegura que en el futuro no haya reformas electorales porque la experiencia histórica demuestra que la electoral es una de las ramas del Derecho más dinámicas pues de cada elección surgen nuevos requerimientos para ajustar la norma electoral que se corresponda con la realidad y el avance democrático del país.