Uno de los debates más encendidos en el constituyente de 1917 fue el relativo a la discusión del Artículo 115 Constitucional cuya sustancia fundamental es el municipio, su funcionamiento, el financiamiento de sus operaciones y la necesaria autonomía respecto de las autoridades estatales y federales; el debate se centró en la prioridad de darle a esa célula político-administrativa la autonomía económica suficiente para desarrollar sus programas. Muy revolucionario su texto, sin embargo, para concretar sus disposiciones transcurrieron muchos años de penuria presupuestal reflejadas en las pírricas cantidades de dinero asignadas por las legislaturas locales, señaladamente obsecuentes con el poder ejecutivo estatal. Así observamos que durante décadas la autonomía municipal fue de papel, pues estuvo sometida al arbitrio de los gobernadores y las disposiciones presupuestales establecidas en el presupuesto de egresos de la federación. No obstante, como en toda república federativa el municipio es célula indispensable de gobierno, de allí la preocupación por acondicionar mejor su contexto existencial. Mediaron algunas reformas al 115 constitucional, la de 1983 fue detonante para que el municipio obtuviera mayores rangos de autonomía y con recursos suficientes para llevar a cabo sus políticas públicas. Paulatinamente el recurso público fue fluyendo en mayores montos hacia el municipio, y a la par, para regular y controlar su aplicación los Congresos locales crearon Comisiones de Vigilancia, que pronto se convirtieron en cotos de complicidad entre los diputados que las presidían con las autoridades edilicias. Para redondear el control y vigilancia se crearon los Órganos de fiscalización estatal como brazo auditor de las legislaturas hacia entidades fiscalizables del gobierno estatal y la aplicación del recurso público entregado a los municipios. Pero en Veracruz pocos titulares del Orfis han sido avalados por la confianza ciudadana, aunque debe asentarse que la actual titular de ese órgano fiscalizador hasta ahora está libre de toda sospecha porque su desempeño inspira confianza. En teoría, ese entramado institucional sería suficiente para adecentar la administración del dinero de origen fiscal, lamentablemente el resultado de las auditorias del ORFIS a los entes fiscalizables demuestra lo frágil de la tentación, solo en la Cuenta Pública 2022 detectó un posible daño patrimonial por mil 503 millones de pesos y 123 municipios encuentran dificultad para solventar las observaciones formuladas por el ORFIS.
Lo paradójico de este capítulo sobre el costumbrismo político administrativo mexicano es que también sucede en un régimen de gobierno cuyo emblema proclama tres principios: no mentir, no traicionar y no robar y se declara adalid anticorrupción, pero la terca realidad demuestra que como es arriba es abajo y que en materia de naturaleza humana nada hay de nuevo bajo el sol. Ni Schopenhauer ni Nietzsche juntos suman semejante pesimismo, sin embargo, es lo que nuestro horizonte refleja en materia de corrupción así en el viejo como en el “nuevo” régimen.