Serpientes y Escaleras
Fieles a la costumbre de tirar la piedra y esconder la mano, senadores y diputados de Morena en la LXIV y LXV Legislaturas redactaron, presentaron y votaron a favor de la iniciativa de reforma a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, con la que legitiman y regulan la figura de la «cobranza delegada», que le permitiría a los bancos y Sofomes cobrar los «créditos de nómina» que le prestan a los siempre necesitados trabajadores, tomando su sueldo como garantía y descontándolos directamente de su nómina con el apoyo de los patrones y sin que se requiera una autorización expresa del trabajador, siempre y cuando este firme el contrato del crédito y las órdenes de pago.
La iniciativa que acaba de ser revivida en el Senado de la República en la actual legislatura y de la que hoy nadie quiere reconocer su paternidad, desató un escándalo político y mediático que ha hecho que los morenistas se señalen unos a otros como los autores. La realidad es que esa propuesta (según una copia del original que tiene esta columna) fue presentada y está firmada en 2018 por los senadores Pedro Haces Barba y Miguel Ángel Navarro (el primero hoy diputado y el segundo gobernador de Nayarit) y fue en su momento dictaminada y aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en 2021 en el Senado y en 2022 en la Cámara de Diputados, por presiones y cabildeos que ejercieron sobre los legisladores oficialistas personajes como el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el entonces líder de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velasco, quienes pastorearon dicha aprobación.
En 2022, luego de que se aprobara dicha iniciativa por la mayoría de la Cámara de Diputados con 237 votos de Morena, PT y PVEM y 201 en contra de PAN, PRI, PRD y MC, el presidente López Obrador se manifestó en una mañanera en contra por considerarla «un abuso contra los trabajadores» y eso bastó para que las bancadas de Morena la guardaran en la «congeladora» legislativa y no se diera trámite a su publicación porque ya había sido votada y aprobada previamente en el Senado, como cámara de origen, el 18 de febrero de 2021, con 84 votos a favor de Morena y aliados, tres en contra y 23 abstenciones de los opositores, según los registros oficiales de votación en ambas cámaras, de los que tiene copia esta columna.
Detrás de la polémica iniciativa original y que acaba de ser retomada en la Comisión de Hacienda que preside el morenista Cuauhtémoc Ochoa, hay toda una historia de intereses, negocios de particulares y colusión con los legisladores y funcionarios de Morena que en su momento la presentaron, la impulsaron y cabildearon su aprobación a favor en las pasadas legislaturas.
Por ejemplo, entre los grupos financieros que buscaron que se legislara el tema desde 2018 está el Grupo Chedraui, que a través de su brazo financiero Factoring Corporativo S. A. (Faccorp) maneja varias Sofomes que dominan y controlan el mercado de los créditos de nómina, un mercado que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años pero que operaba sin un marco legal puntual, por lo que los directivos de ese grupo aprovecharon sus conexiones y cercanía con la 4T para «sugerir» una iniciativa que regulara dicho mercado crediticio.
Es ahí donde entran los personajes que promovieron dicha iniciativa en su momento, desde los senadores que la presentaron, Haces y Navarro, hasta los que la cabildearon y presionaron para su aprobación, Adán Augusto López e Ignacio Mier Velasco. Un actual senador morenista que pidió el anonimato, nos dijo que él siendo diputado en la LXV Legislatura y miembro de la Comisión de Hacienda recibió «instrucciones precisas y puntuales» de su coordinador Ignacio Mier para que se votara a favor de la iniciativa. Incluso comentó que en ese momento «había rechazo y reticencia de muchos compañeros de la bancada que veían la iniciativa como negativa y se oponían a votarla», pero aun así su coordinador les exigió el voto a favor.
Ese mismo legislador de Morena sostiene que detrás de las presiones para aprobar la llamada «cobranza delegada» apareció también el entonces secretario de Gobernación y hoy coordinador del Senado, Adán Augusto, quien tenía una relación cercana con los empresarios de Grupo Chedraui. Y según el senador, esa fue la causa de que en su momento el presidente López Obrador, al enterarse de que habían impulsado dicha propuesta de ley sin su conocimiento, decidió vetarla y detener su entrada en vigor.
Hoy que la iniciativa resurge en el Senado y que nadie asume la responsabilidad de intentar revivirla y someterla a votación, vuelven a aparecer los personajes mencionados, tanto el ahora senador López como el también senador Mier Velasco, pero hay un tercer nombre que se menciona en los pasillos del Senado como interesado en el tema: el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien como consultor privado tuvo una estrecha relación profesional y de asesoramiento con el Grupo Chedraui.
El texto de la iniciativa en poder de esta columna y firmada por Pedro Haces y Miguel Ángel Navarro, comienza explicando en su exposición de motivos que (con datos de 2018) en el jugoso negocio de los llamados «Créditos de Nómina» había cinco millones de contratos y una cartera de 122 mil millones de pesos en los bancos y cerca de 25 mil millones en las Sofomes. Enumera una serie de «prácticas abusivas» de las entidades financieras que les prestan a los trabajadores sobre su sueldo como garantía, entre las que estaban los cobros de intereses por adelantado, los intereses moratorios, no permitir pagos anticipados o permitirlos, pero sin impacto al capital y cobrarles a los trabajadores los gastos de cobranza y de tipo legal, además de una serie de presiones en caso de que perdieran su empleo, como la de liquidar el saldo total en 48 horas.
Los senadores Haces y Navarro dicen pretender «proteger a los trabajadores de los abusos en el cobro de sus créditos de nómina» y después de hacer una serie de reflexiones jurídicas, invocando tesis de la Suprema Corte y de amparos, concluyen que la práctica de cobrarse directamente del sueldo de los trabajadores fue avalada por las jurisprudencias y no contraviene la Ley Federal del Trabajo, que dice expresamente en su artículo 98: «Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula».
Para justificar los descuentos directos al salario y la llamada «cobranza delegada», que no es otra cosa que la facultad de descontarle del salario los pagos del crédito con el apoyo directo del patrón o empleador que debe descontarle ese dinero del pago a su empleado y entregarlo directo a los bancos y Sofomes, aducen que al existir un consentimiento previo del trabajador, en el contrato que firma para obtener libremente un crédito garantizado por su salario, no se está violentando la Ley Federal del Trabajo ni ninguna otra disposición de protección a los trabajadores.
«La aplicación del referido ‘descuento’ al salario para el pago de los créditos de nómina no contraviene lo señalado en las disposiciones laborales, siendo necesario distinguir entre tres relaciones jurídicas distintas: la relación laboral trabajador-patrón, la relación civil mandante-mandatario y la relación comercial acreditante-acreditado», dice entre sus justificaciones la iniciativa. Y añaden: «Existe pleno consentimiento y voluntad de las partes (trabajador, patrón y acreedor) a través de un mandato irrevocable por el que el trabajador otorga al patrón una orden de pago para que cubra los montos correspondientes al acreedor… Es legítimo que el trabajador libremente instruya al patrón para que en su nombre entregue cierta cantidad de dinero de su salario al pago del crédito que contrajo con el oferente del crédito».
La propuesta plantea adiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en dos líneas: a) regular expresa y particularmente el crédito de nómina con cobranza delegada, como un subtipo de las operaciones de apertura de crédito e incluir un nuevo tipo adicional a los ya existentes: «apertura de crédito de nómina con cobranza delegada».
A partir de esas consideraciones, proponen reformar los artículos 301 Bis, 301 Bis 1, 301 Bis 2, 301 Bis 3, y 431 Bis. Se permite que «cuando el contrato de apertura de crédito simple o en cuenta corriente, con pagos parciales y periódicos, se pacte que serán fuente de pago del crédito las cantidades en dinero que, por concepto de sueldos, salarios y demás ingresos por prestaciones de carácter laboral o afines, tenga derecho a recibir el acreditado, entonces dicho contrato se denominará como ‘crédito de nómina con cobranza delegada'».
Para pagar sus adeudos y garantizar los pagos de dichos créditos de nómina, dice la redacción del artículo 301 Bis, se considerarán como fuentes de pago: el salario devengado de relaciones de trabajo presente y/o futuras; las percepciones extraordinarias de carácter laboral; las indemnizaciones de igual naturaleza y conceptos afines; además de la pensión o renta vitalicia. También advierte la redacción de dicho artículo que una vez que el trabajador o deudor otorgue la instrucción para que el dinero de sus prestaciones laborales o afines sean la fuente de pago de un crédito de nómina con cobranza delegada, dicha instrucción «será irrevocable en tanto exista adeudo a su cargo». Y remata: «el pago de crédito de nómina con cobranza delegada tiene derecho preferente en el orden al cobro sobre acreedores comunes, exclusivamente sobre el medio de pago pactado mientras persista».
La reforma al artículo 301 Bis 3 dice que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con su ley, será la responsable de supervisar y requerir la información para velar el cumplimiento de las operaciones de crédito de nómina con cobranza delegada que realicen bancos y Sofomes. Y en el artículo 431 Bis, se dice textual: «Se entiende que un crédito de nómina tiene cobranza delegada, cuando existe una orden de pago escrita, que no precisa aceptación, que da una persona identificada como trabajador a otra persona identificada como empleador o patrón, para que este pague por su cuenta a un tercero que es acreedor de quien emite la orden de pago».
Hasta ahí la iniciativa de Morena que en su momento fue vetada por el expresidente y que hoy personajes encumbrados de la 4T están volviendo a reactivar con el argumento de que quieren «proteger a los trabajadores» de los abusos en los créditos de nómina que ya existen, aunque en su redacción y disposiciones, más bien regulan y dan mayor certidumbre a los bancos y Sofomes que hoy controlan un multimillonario mercado de deudores cautivos cuya necesidad los hace presa fácil de ese tipo de créditos que en muchos casos les terminan resultando impagables.
Así que, aunque ahora todos quieran desconocer al niño porque asusta y afecta a los trabajadores, ese niño tiene padres y todos son morenistas con intereses y amigos entre los bancos y Sofomes que controlan el negocio de los créditos de nómina que para algunos son como una moderna versión y se parecen cada vez más a las antiguas «tiendas de raya» de los hacendados del Porfiriato… Los dados mandan Serpiente. Caída Libre.