Sociedad 3.0
Tras la implementación de un operativo coordinado por los tres niveles de seguridad (Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal) para localizar a una mujer que aparentemente había sido privada de su libertad en la colonia Encinal de Xalapa, las autoridades informaron que el incidente se trató de un intento de anexo (ingreso forzado a un centro de rehabilitación no autorizado).
La mujer, quien fue localizada en la autopista Xalapa-Perote a la altura de la caseta de cobro, presentaba una crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos de Servicios Profesionales de Atención Prehospitalaria de Perote. Las autoridades confirmaron que el incidente no fue un secuestro, sino un intento de anexo por parte de particulares.
Las autoridades destacaron que muchos anexos (centros de rehabilitación no regulados) realizan este tipo de operativos sin notificar a las autoridades, violando los derechos humanos de las personas y omitiendo los protocolos legales. Estos centros suelen actuar sin supervisión y sin el consentimiento de las familias o de los afectados, lo que genera situaciones de riesgo y confusión.
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“Los protocolos que seguimos como autoridades se activan ante llamadas de auxilio o reportes de privación de la libertad. Sin embargo, muchos anexos no informan sobre estos operativos que realizan para ingresar a personas de manera forzada, lo que dificulta nuestra labor y pone en riesgo a la ciudadanía”, explicó un portavoz de las autoridades.
El caso ha puesto en evidencia la necesidad de regular y supervisar los centros de rehabilitación no autorizados, conocidos como anexos, que operan sin cumplir con las normas establecidas. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que denuncie este tipo de prácticas y eviten recurrir a centros que no cuenten con la autorización correspondiente.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa o irregular relacionada con anexos a los números de emergencia (911) o al 089 para denuncias anónimas. También se exhortó a las familias a buscar opciones de rehabilitación avaladas por las instituciones de salud y a evitar prácticas que vulneren los derechos humanos.