Cientos de muros adyacentes a vialidades en Xalapa y Coatepec amanecieron llenos de pintas convocando a participar en la elección judicial del próximo primero de junio.
Contrariamente a lo previsto por la ley, los anuncios no muestran responsable ni autorización por parte de las autoridades electorales, pero en cambio, se utiliza el color que identifica al MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (Morena), y aunque mal copiada, también su tipografía.
La ley prohíbe expresamente cualquier tipo de participación en esos comicios, por parte de los partidos políticos, incluyendo publicidad en cualquier sentido. Es evidente que esta nueva «torcedura» de la legislación responde al intento de confundir a los ciudadanos y motivar su participación en los comicios.
La elección de jueces, magistrados y ministros federales, y los correspondientes locales en Veracruz, es objeto de burla y de mucha preocupación en México y en el mundo, debido a las múltiples irregularidades del proceso, sus pésimos, complejos y contradictorios mecanismos, la absoluta posibilidad de que los funcionarios adulteren las boletas y las actas de cómputo sin obstáculos, la parcialidad y sumisión de los órganos y tribunales electorales, y por los incidentes ocurridos en la preparación y ahora en el desarrollo de estas «elecciones».
El presidente del Senado, Fernández Noroña, quien ha anunciado su afiliación a MORENA («porque tiene otros proyectos») reconoció expresamente que al menos 20 de los candidatos propuestos por las mayorías legislativas de MORENA en el Senado, en la Cámara de Diputados y por la Presidente Sheimbaum, han sido abogados patronos de narcotraficantes y/o delincuentes graves.
La forma en que se organizan las elecciones deja en claro que la decisión respecto de quiénes van a ocupar los espacios vacantes ha sido ya tomada.
Hay quienes opinan que la elección responde al ánimo de venganza de Andrés Manuel López Obrador contra los ministros y jueces que se opusieron a sus acciones ilegales, así como al rencor que le causó el proceso de desafuero a que fue sometido por el entonces presidente Vicente Fox debido a delitos cometidos por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, incluyendo la violación de amparos que protegían los derechos de ciudadanos.
Algunos analistas han expresado que la elección del próximo primero de junio no tiene otro propósito que terminar la destrucción del sistema republicano, poner fin a los procesos democráticos y dar marcha libre a un sistema dictatorial como ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto, asociado a las recientes modificaciones a la Ley de Amparo, que reducen esta figura jurídica a su mínima expresión, la «colonización política» desde el poder ejecutivo de las comisiones estatales y nacional de derechos humanos y la desaparición de organismos autónomos vitales para la democracia como los de acceso a la información, regulación de las telecomunicaciones y muchos más.
Por lo pronto, violando su propia ley, MORENA vuelve a atacar impunemente el marco jurídico y a demostrar que la elección judicial es una costosísima y caprichosa pantomima.