Rafael Pérez Cárdenas
Formato Siete
Desde temprano, este jueves el gobernador de Veracruz se metió a una polémica nacional sobre un asunto que tiene ya un par de días: la entrega del Premio a la Innovación en Transparencia 2020 que le otorgó el INAI en octubre pasado y cuya ceremonia de premiación se realizó apenas este martes de manera virtual.
Todo empezó en el noticiero Despierta que conduce Danielle Dithurbide. Luego de dar la nota, la periodista ironizó: “nos podemos dar el premio al mejor noticiero. ¿Quién lo decidió? La producción de Despierta”, dijo durante el matutino de Televisa a nivel nacional. ¡Y se armó el follón!
Contrario a la costumbre de reaccionar varios días después, esta vez el mandatario estatal reviró de inmediato a través de su cuenta de twitter. “Lamento que Televisa @NTelevisa_com mienta al decir que nos otorgamos el Premio a la Innovación en Transparencia 2020, cuando es un jurado donde participan: INAI, PNUD, ASF, INAP, OCDE y SFP quien lo hizo. Pido, como réplica, lo aclaren en el mismo medio o queden como mentirosos”, al tiempo que posteó un oficio con fecha 25 de enero en el que se notificaba sobre el evento de premiación.
Y insistió: “Ojalá @INAImexico, @ASF_Mexico, @PNUD_Mexico pudieran aclararles a Televisa cómo se otorga el Premio a la Innovación en Transparencia 2020. Y que el evento tuvo que ser virtual por motivo de la pandemia por COVID.” Más allá de la penosa redacción de sus mensajes en redes, tras la ironía de Televisa y la indignación de Gobernador hay verdades a medias.
En efecto, el Premio no se lo otorgó el gobierno de Veracruz a sí mismo. Se trata del un reconocimiento al desarrollo de proyectos sobre temáticas de disponibilidad de la información, generación de conocimiento público, mejora de servicios públicos y atención ciudadana, además de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
En este caso, en la categoría de instituciones estatales, el primer lugar fue efectivamente para la Oficina de Programa de Gobierno e Innovación de Tecnología de Veracruz por el “Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas y Sistema de Administración de la Plataforma de Indicadores”; el segundo lugar para el Instituto de la Mujer y Fiscalía General de Morelos, y el tercero para la Secretaría de Función Pública de Chihuahua por el “Portal de Trámites y Servicios”.
El gobierno veracruzano no podría premiarse a sí mismo ni a otras instituciones de gobiernos estatales en el país. Sin embargo, el evento fue tan irrelevante que no mereció siquiera la presencia de los organizadores ni comunicación oficial por parte de quien entrega el premio; lo tuvo que hacer el propio gobernador, quien a su vez entregó reconocimiento a funcionarios que no tenían ni idea de lo que se trataba, lo que derivó en la confusión de la noticia presentada en Televisa.
La otra verdad a medias es que se trata de un premio a la transparencia, algo en lo que el gobierno veracruzano califica entre los últimos lugares a nivel nacional. Se trata de un proyecto presentado por la Oficina del Programa de Gobierno sobre un Observatorio de Políticas Públicas, del cual no se informa si ya está en operación y cuáles son sus resultados. Es decir, se están premiando los planos, no la casa.
De hecho, la información que se presenta a través de este proyecto está incompleta, no señala los montos y tiempo de realización de las obras, ni tampoco el avance programático de las metas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo. En la revisión del portal se confirma que muchos enlaces –como sucedió con la publicad del Segundo Informe de Gobierno- no llevan a ningún lado o se trata de páginas que están vacías. No hay en ningún sitio información que pueda ser verificable.
Hasta ahora, la transparencia no ha sido el fuerte del gobierno de Cuitláhuac García. Apenas el año pasado, en la revisión de la cuenta pública 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz ocupó el segundo lugar nacional en observaciones por más de 2 mil 400 millones de pesos, sólo detrás de otro gobierno morenista, el de la Ciudad de México.
Además, durante su comparecencia ante el Congreso en diciembre pasado, la propia Contralora General del Estado Mercedes Santoyo Domínguez reconoció que el gobierno estatal otorgó mediante adjudicación directa el 99 por ciento de las operaciones para obras y servicios públicos del año 2020, es decir, de 19 mil 592 operaciones, se entregaron 19 mil 400 en adjudicaciones directas.
Ojalá y el Premio a la Innovación en Transparencia nos ayudara a saber a quien se entregaron esos contratos y en qué condiciones. Y entonces sí, el Gobernador estaría en su derecho a estar indignado.
Las del estribo…
- Después de la rifa del avión sin avión y de la vacunación sin vacunas, el gobierno de la 4T obligó a líneas comerciales a aterrizar vuelos sin pasajeros en Santa Lucía para evitar la vergüenza de inaugurar una pista que ya existía, en un aeropuerto sin aviones. El tráfico aéreo fue un caos por un vuelo presidencial que sólo duró 11 minutos.
- La máxima juarista de “justicia y gracia” alcanzó por fin a Rosario Robles. Consumada la venganza y ante el deteriorado estado de salud de su antigua aliada, el Presidente López Obrador dio luz verde a la Fiscalía para que negocie con la ex jefa de gobierno y secretaria de estado su libertad. Los fiscales ya no presentaron acusación y se sentarán a explicarle los términos políticos de su liberación. Mientras Lozoya disfruta de su impunidad.