Por Jaime Ríos Otero
Como nunca, los abogados del país han formado un solo frente que se está traduciendo en miles de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, provocadas por los peligrosos amagos provenientes del Presidente de la República, de subvertir el orden y los principios constitucionales que garantizan la vigencia del Estado de Derecho y la protección a los derechos fundamentales.
Completamente desbordado, el señor López Obrador dijo este miércoles que, si la justicia frena la reforma eléctrica por considerarla inconstitucional, promoverá una reforma a la Constitución.
Aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se aplicará a pesar de los amparos que se han concedido en su contra pero, si se declara anticonstitucional, su gobierno buscará modificar la Carta Magna.
La pretensión del primer mandatario es que la Constitución se modele a las decisiones políticas que él está tomando, sin importar que tales programas sean erróneos, como muchos que ha aplicado de manera dañina, pero, además, pero pisoteando las garantías que otorga el texto constitucional, para la justa defensa de los afectados.
Ni aunque los planes y programas de la 4T fueran maravillosos, sería dable tolerar el atropello a derechos humanos y garantías, pero mucho menos cuando tales proyectos son disparates caprichosos y febriles.