sábado, mayo 21, 2022

Caso Saab, el nuevo Odebretch

El presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no logra desactivar el escándalo mediático de la casa de Houston que un ex ejecutivo de una empresa contratista de Pemex prestó a su hijo mayor José Ramón López Beltrán y a su esposa Carolyn Adams, cuando la DEA y el FBI destaparon la cloaca de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos considera el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios ilegales en México desde antes de la administración de Morena.

Anteayer, en Miami, fueron desclasificados documentos judiciales que confirman que Saab fue durante 2018 informante de la DEA. Pero en 2019 dejó de colaborar con la agencia antidrogas estadounidense, por lo que fue acusado en Florida al incumplir el plazo que le habían fijado para entregarse y enfrentar cargos por lavado de dinero. En 2020 fue detenido en la isla de Cabo Verde, en África occidental, y el año pasado fue extraditado a EU, lo que el gobierno de Maduro calificó de secuestro.

Roberto Deniz, un periodista venezolano exiliado que fue el primero en descubrir los negocios ilícitos fraguados al amparo del poder por este empresario de 50 años de edad, afirmó en noviembre pasado que el juicio de Saab apuntaba a ser un nuevo caso Odebrecht por la telaraña de políticos latinoamericanos implicados en sus negocios. “Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negocios oscuros con actores poderosos en varios países”, explicó Deniz hace más de tres meses a Elías Camhaji, corresponsal en México del diario El País, de España.

En junio de 2021, una investigación conjunta del periódico español y el portal Armando.info, de Venezuela, destapó que las autoridades mexicanas fueron cruciales para que funcionara una red dirigida por Saab que movió millones de dólares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria. Esos pactos nunca se hicieron públicos, pero se fraguaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina y el Caribe, y con la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que dirige Ignacio Ovalle Fernández, quien como titular del Instituto Nacional Indigenista hizo delegado del INI en Tabasco a López Obrador en el sexenio del ex presidente José López Portillo.

Pero lo más grave fue lo revelado por Noticias Caracol el 25 de octubre pasado: que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.

El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro que son señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.

Investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.

El corresponsal de El País detectó que la red de negocios de Saab encontró un punto neurálgico en suelo mexicano, desde donde gestionó transacciones millonarias con petróleo venezolano y tejió una telaraña de empresas opacas para transportar toneladas de alimentos. A principios de noviembre pasado, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción puso al descubierto otra trama ligada al empresario colombiano, que movió 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.

“Las revelaciones que han salido, y las que vendrán, amenazan con salpicar los círculos del poder político y económico del país, piezas clave en el engranaje de Saab”, pronosticó el reportero Elías Camhaji.

Washington acusa a Saab de crear un esquema de sobornos para funcionarios chavistas, malversar fondos públicos y transferir 350 millones de dólares que estaban en Venezuela y que acabaron en cuentas de él y sus socios en el extranjero. El colombiano y sus negocios han sido investigados en Brasil, Ecuador, Colombia, Suiza y el Reino Unido, entre otros países. Sin embargo se ha declarado inocente. En una acusación de la Corte del Distrito Sur de Florida contra cinco de sus socios, hecha pública el 7 de octubre pasado, se señalaban transferencias por más de 70 millones de dólares a compañías mexicanas relacionadas en la trama de los CLAP. “Los co-conspiradores utilizaron numerosas empresas, que ellos controlaban, para adjudicarse contratos con el gobierno venezolano para fabricar y exportar cajas de comida desde México y paquetes de medicinas desde varios países”, se consignaba en un documento.

Trascendió que, en esta trama, los nombres de tres empresarios mexicanos figuran en la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el gobierno de Maduro y la petrolera PDVSA, y por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales, al margen del sistema financiero internacional. En otra de sus investigaciones, el diario El País y Armando.info se advertía de implicaciones políticas debido a que el entramado vinculado a Saab también tocó la puerta de Pemex, aunque la venta de crudo de PDVSA a la petrolera mexicana no parecía haberse concretado.

La última entrega sobre los negocios de Saab señalaba que entre 2019 y 2020, al paralelo que funcionó la trama del petróleo venezolano, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el envío de alimentos a Venezuela por un valor de 64 millones de dólares. La comida era para las cajas CLAP, un programa del chavismo que repartía comida a sectores vulnerables y que ha estado en el punto de mira por incluir productos de baja calidad y a sobreprecio. La red, según esta versión, utilizó empresas que emitían facturas falsas e importadoras en paraísos fiscales y en ella participaron actores políticos acusados de corrupción y ligados a las cúpulas de poder en el país sudamericano.

Ya desde el 2016, durante la Administración del ex presidente Peña Nieto, se había identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el envío de productos de baja calidad para las cajas CLAP y bajo sospecha de la corrupción. En 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México sancionó a las compañías por tratarse de un “esquema fraudulento”, pero se libraron del castigo a través de unos “acuerdos reparatorios” que rayaban en lo simbólico. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya en el mandato del presidente López Obrador, congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro.

El aún titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer a principios de noviembre pasado que se habían presentado cinco denuncias contra 25 sujetos ligados a los negocios de las CLAP y a Saab. Nieto Castillo, quien renunciaría por esos días a su cargo tras el escándalo de su fastuosa boda en Guatemala, también dijo que el acuerdo que concedió la PGR durante el gobierno anterior fue ilegal y presentó otra serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y que ahora encabeza el ex diputado y ex senador Pablo Gómez Álvarez, trabaja en conjunto con la DEA y el Departamento del Tesoro, pero el corresponsal del diario español apuntaba que aún no está claro el alcance de las investigaciones y si hay indicios formales contra funcionarios en activo.

Tras pasar más de un año detenido en Cabo Verde, un juez de Florida desestimó siete de los ocho cargos que enfrentaba Saab, como parte del acuerdo de extradición a Estados Unidos desde el país africano. La única acusación que persiste es conspiración para blanquear capitales. Antes de que se revelara que Saab era informante de la DEA, el presidente Maduro lo defendió con tal vehemencia que llegó a considerarlo un “mártir”, alegando que era un enviado diplomático de su gobierno pese a que durante años negó cualquier vínculo con él.

Ahora, a la espera de las próximas revelaciones de los sumarios judiciales desde Estados Unidos y de acuerdos de delaciones que pudieran negociarse, el caso Saab anticipa nuevas sacudidas en México, Venezuela y más de una treintena de países por los que pasaron sus millonarios negocios, a miles de kilómetros de la costa de Florida.

A ver qué tanto cimbra al gobierno de la 4T y a la estructura de uno de sus aspirantes a la Presidencia de la República de 2024.

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