El pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, podría ordenar que sea restituido Jorge Winckler Ortiz en el cargo de Fiscal General de Veracruz, al resolver los autos del toca número 175/2020, durante su sesión pública de este viernes 14 de julio.
Si la resolución de los magistrados es acorde a un proyecto que ha circulado, entonces se decidirá la reinstalación por considerar que fue destituido de forma ilegal por la Diputación Permanente del Congreso local en septiembre de 2019, ya que tendría que haberse abierto un juicio político y la atribución de defenestrarlo sólo correspondía al Pleno de la entonces LXV Legislatura.
Este fue un tema muy debatido en los círculos políticos, jurídicos y periodísticos por la relevancia del cargo y lo inédito del procedimiento.
Los abogados veracruzanos Ignacio Morales Lechuga y Fidel Guillermo Ordóñez Solana previeron desde 2019 la factibilidad de que Jorge Winckler regresara al puesto de fiscal de Veracruz. En una entrevista concedida a Lev García, de la revista Expansión, ambos coincidieron en que el procedimiento usado por la Comisión Permanente para destituirlo fue ilegal.
Para Morales Lechuga, ex procurador general de la República, la destitución rayó en la ilegalidad: «Cuando uno va a actuar contra otra persona, siendo autoridad, existe la garantía o derecho humano de audiencia y legalidad; entonces, si se le va a acusar de no tener certificación, tienen que llamarlo, tienen que decirle de qué se le acusa y darle la oportunidad de defenderse», dijo.
Sobre los motivos alegados de falta de certificación, señaló que «no se puede alegar que falte la certificación si no se tienen previamente los convenios celebrados con la FGR y los estados (…) Si se analizaran los expedientes, van a encontrar que el fiscal está certificado al momento de ingresar al ejercicio y esa certificación obra en el poder depositado en la Fiscalía General de la República, que es el órgano encargado de certificar (…) Entonces, la afirmación de la Comisión Permanente del Congreso veracruzano carece de veracidad, es un argumento falso, que no se apega a la verdad».
Adelantó que que será el Poder Judicial de la Federación el que tenga la última palabra, porque «El fiscal tendrá de inmediato a su disposición el juicio constitucional de garantías en contra del Congreso de Veracruz… El control de la constitucionalidad le corresponde al Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, estoy seguro de que va a lograr que le restablezcan su puesto, por la forma en la que lo suspendieron».
Por su parte, el amparista Ordóñez Solana, titular del Despacho Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, opinó que la Comisión Permanente incurrió en un acto ilegal, porque «carece de facultades tanto para remover como para designar al fiscal».
Los legisladores no respetaron la autonomía de la FGE, dijo. «Si bien es cierto que es ilegal la forma en la que se hizo la remoción, también es cierto que ya tomó posesión la fiscal habilitada y obviamente puede operar hasta que no se decrete por alguna autoridad la nulidad de su nombramiento».
Sin embargo, criticó la actuación de Winckler como no positiva: “él podría hacer valer algún tipo de recurso administrativo o judicial… solo que muchos veracruzanos no han visto bien su desempeño, ha sido objeto de críticas duras por varios sectores de la sociedad veracruzana, su figura ha sufrido una refriega», señaló.
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