La lista de los episodios trágicos o escandalosos en los que el gobierno de México se ha considerado víctima de sus enemigos ha ido creciendo cada vez más. Desde su mirador, casi todo se explica como una conspiración para minar sus nobles propósitos y muy pocas cosas se han asumido como producto de errores propios (tan pocas que en este momento no logro recordar ninguna). El gobierno de la 4T jamás se equivoca. Si algo falla o fracasa es culpa de los conservadores.
Las tragedias ocurridas en el Metro de la Ciudad de México no fueron reconocidas como descuidos en la operación o el mantenimiento de ese sistema, sino que fueron imputadas, primero, a los errores cometidos por las empresas que participaron en la construcción del tramo que colapsó y, ahora, a la estrategia homicida (y aun terrorista) de los grupos que quieren desestabilizar al gobierno. En vez de exhibir un nuevo programa de gestión y mantenimiento de esas instalaciones, el gobierno federal responde desplazando miles de efectivos de la Guardia Nacional para defenderse de sus enemigos.
Todo el escándalo derivado de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel ha sido, para las autoridades de México, el producto de una conspiración. Alguien le deslizó los documentos copiados a Guillermo Sheridan quien, según los dichos del presidente de la República, es parte de un grupo perverso que no ha hecho más que dañar al país. Lo hicieron, entre otras inconfesables razones, para impedir que prosperara la muy profunda reforma judicial que habría emprendido el grupo de ministros afines al titular del Ejecutivo y ahora, encima, las corruptas autoridades de nuestra máxima casa de estudios le han tendido una trampa al gobierno pidiendo que sea la SEP quien decida sobre la validez del título otorgado a la ministra Esquivel. De su parte, la ministra también se ha llamado a agravio, convencida de la falta de ética de quienes urdieron esa conspiración que, además, forma parte de una deleznable conjura heteropatriarcal.
Hay muchos ejemplos más. Uno reciente y notable fue el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva que, gracias a los giros rocambolescos del presidente, fue presentado como un atentado contra el gobierno y estuvo muy cerca de ser explicado —si es que no acaba ahí, a la postre— como uno más de los actos imperdonables cometidos por quien recibió los disparos. Poco faltó para que el periodista se viera obligado a disculparse con el señor presidente porque alguien quiso matarlo.
Si la prensa da cuenta de las masacres que se han cometido, lo que se destaca desde el Palacio Nacional es la aviesa intención de quien documenta esos hechos y de quienes se atreven a divulgarlos. Esas personas son comparadas con zopilotes y hienas carroñeras, que se frotan las manos cada vez que se producen nuevos hechos violentos. Y lo hacen con mucha frecuencia, pues según el último reporte de Human Rights Watch (HRW), entre 2006 y 2022, al menos 50 mil cuerpos pasaron por los servicios forenses sin ser debidamente identificados y en ese mismo lapso, se hallaron al menos 4 mil fosas comunes. Los picos históricos se han registrado en este sexenio, pero eso también es visto como una conspiración.
Podría seguir con otros ejemplos porque la lista ya es larga. Pero no es necesario. Ya lo dijo el señor presidente: no importa tanto lo que sucede cuanto lo que se dice y quién lo dice, pues la voz del país no puede ser otra que la voz del poder. El gobierno acierta invariablemente y quien afirma lo contrario no hace sino sumarse a quienes aspiran a bloquear sus fines magníficos para volver a ese pasado de mentiras, descalificaciones, fracasos, falta de ética, control político y abuso de la autoridad que caracterizó a los nefastos gobiernos conservadores.