En abril de 2019, con 378 votos a favor del grupo legislativo de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y sólo dos en contra y 13 abstenciones, fue designado Jesús George Zamora como titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).
El nuevo contralor fue una pieza clave que el presidente Andrés Manuel López Obrador incrustó en el INE por recomendación de Horacio Duarte, exrepresentante de Morena ante el Consejo General del órgano electoral. Ambos son mexiquenses. Hasta julio de 2015, George se desempeñó como Director de Organización del Instituto Electoral del Estado de México, y Duarte Olivares –después de haber sido director de Aduanas y subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que encabeza Luisa María Alcalde Luján, hermana de Bertha María Alcalde, perfilada para sustituir a Lorenzo Córdova en la presidencia del INE– es actualmente coordinador de la campaña de la maestra Delfina Gómez, candidata morenista a la gubernatura del Edomex, donde líderes priistas han denunciado que hasta ahora han detectado 73 mil 400 cambios de domicilio tramitados ante el instituto electoral federal, de los cuales 52 por ciento (38 mil 775) procede de la Ciudad de México y el resto de los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, gobernados por Morena, que sospechosamente sólo se registraron en 260 secciones electorales.
Ayer, ante el inminente arribo de cuatro nuevos consejeros afines a la 4T, Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, anunció su renuncia pese a haber sido reinstalado previo a que la Suprema Corte determinara la suspensión indefinida del Plan B de la reforma electoral aprobada por Morena, la cual ordenaba su cese.
Se va el lunes 3 de abril entrante, el mismo día que concluyen los periodos de los consejeros Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y el abogado xalapeño José Roberto Ruiz Saldaña.
Jacobo Molina duró 14 años en la Secretaría Ejecutiva, primero en el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y luego en el INE.
Antes de que entrara en vigor el nuevo marco legal, el Plan B ordenó su cese, por lo que permaneció separado del cargo unos días, hasta que ganó un juicio de amparo. Desde entonces recriminó que “iniciaron los ataques y mentiras sobre mí, incluso desde las conferencias cotidianas que encabeza el presidente de la República”.
Sin embargo, el contralor Jesús George Zamora ya lo venía acusando de incurrir en “sobrepresupuestación” y de tener una planeación ineficaz.
En agosto de 2022, George anunció una auditoría especial para revisar a detalle los 18 mil 309.1 millones de pesos que estaban solicitando a la Cámara de Diputados en el proyecto de presupuesto 2023, pues el contralor argumentó que existían dudas sobre el destino o uso correcto de ese dinero.
“(La información) motiva a que este Órgano Interno de Control programe llevar a cabo la Auditoría Especial DAOC/05/ES/2022, en la cual se planea revisar el 100 por ciento de la CIP (Proyectos Específicos, por un importe de $6,693,601,670), así como los recursos que integrarán el Presupuesto Base (PB) por un importe de $11,615,567,639, los cuales conformarán el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023”, advertía.
Indicó que de 143 proyectos específicos de la Cartera Institucional de Proyectos por 6 mil 693 millones, de los cuales 2 mil millones son para procesos electorales, y 4 mil millones para una posible consulta popular, en 59 existían cuestionamientos.
Del Presupuesto Base, abundaba, se analizó el 27 por ciento de los 11 mil millones, también generando cuestionamientos. En total, pedía reconsiderar la disminución o anulación de recursos en 59 proyectos.
El documento, de 195 páginas, fue utilizado por Morena en la Cámara de Diputados para determinar si aplicaba recortes al presupuesto del INE en 2023, tal como lo había hecho en los últimos tres años.
El informe analizaba el comportamiento presupuestal del INE entre 2018 y 2022, y concluía que no hay una planeación eficaz, ya que “es evidente que muchas partidas están sobrepresupuestadas en las solicitudes presentadas al Legislativo, pues no ejercen la totalidad de los recursos aprobados año con año”.
“Es posible advertir una práctica constante de sobrepresupuestación de recursos en los proyectos correspondientes al Presupuesto Base, ya que del promedio de proyectos (31) en los que se solicita recursos año con año, el 94 por ciento (29) ha generado ahorros y economías; así como remanentes presupuestales”, indica.
Y señalaba que mientras existían áreas en las que ejerce por arriba de los recursos aprobados, en otras lo hace por debajo de lo solicitado, lo que ha motivado que se traspase dinero de un área a otra, sin evidencia clara.
MANO NEGRA EN LA SIOP
Nos dicen que donde las cosas se están poniendo color de hormiga es en la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) a cargo del ingeniero Elio Hernández Gutiérrez, quien supuestamente ya no soporta la presión de un poderoso compañero de gabinete que aspira a la gubernatura y quien estaría engordando su “cochinito” para la campaña estatal de 2024 por si Morena decidiera postularlo a él en vez de su otrora madrina política Rocío Nahle, la secretaria de Energía.
Y es que trascendió que la última presunta “recomendación” de este influyente funcionario habría sido para beneficiar una vez más a una empresa poblana pese a que la convocatoria SIOP-PE-2023-003 para la Licitación Pública Estatal No. LPE-112T00000-6000-003 estipula claramente que “únicamente podrán ser inscritas personas morales o físicas, con domicilio fiscal en el estado de Veracruz” y “para lo cual se hará la verificación al momento de su inscripción, debiendo anexar al oficio copia simple de su Constancia de Situación Fiscal (R.F.C.), así como copia de registro vigente en el Padrón de Contratistas del Gobierno del estado de Veracruz”.
Sin embargo, la empresa Grupo Band y JLB de Puebla S.A. de C.V., especializada en construcción y mantenimiento general de carreteras, la cual ha recibido ya varios contratos de la SIOP desde 2019, tiene su domicilio fiscal en Río Lerma 5719, Col. Jardines de San Manuel, C.P. 72570 de la capital poblana. Su representante es Jorge Arturo Barradas Aguirre.