sábado, mayo 4, 2024

Los hijos serán el talón de Aquiles de AMLO

Los escándalos de corrupción que más han logrado afectar la imagen y el discurso de austeridad y anticorrupción de López Obrador son sin duda los que involucran a sus hijos. Y son, por lo mismo, los que más calan y duelen en el ánimo del presidente que prometió a los mexicanos, en su discurso de toma de posesión del cargo, que en su gobierno ya no habría nepotismo y que sus hijos mayores e incluso su esposa, tendrían que responder y ser juzgados «como cualquier ciudadano» en caso de cometer un delito. «Yo sólo voy a responder por Jesús Ernesto, que es menor de edad», dijo, de cara a la nación, aquel 1 de septiembre de 2018.

Pero en los hechos, Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser tan nepotista como cualquier presidente y tan protector y defensor de sus hijos, como cualquier padre. Porque a pesar de que se les han documentado al menos a dos de sus hijos presuntos tráficos de influencias y conflictos de intereses, con los que ambos se han beneficiado claramente del cargo de su padre, en lugar de honrar su compromiso, lo que ha hecho el mandatario es negarlo todo y atribuir siempre las denuncias periodísticas sobre sus vástagos, a las consabidas campañas de ataques de sus adversarios y conservadores.

Ya pasó con el reportaje de la «Casa Gris» de Houston, que documentó que su hijo mayor José Ramón López Beltrán se benefició ilegalmente al vivir en una mansión propiedad de un contratista de Pemex en Houston, Texas, y a pesar de los documentos y evidencias, el presidente sólo negó los hechos y recurrió a su gastado discurso de los ataques en su contra. Tan se comprobó que José Ramón y su esposa Carolyn Adams incurrieron en un claro conflicto de interés al aceptar vivir en la casa que pertenecía a Keith Schilling, cuando este era un alto directivo de la empresa Baker Hughes, misma que recibió hasta 3,900 millones de dólares en contratos de la petrolera mexicana durante los primeros 5 meses que el hijo del presidente mexicano habitó en esa mansión, que el escándalo del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción impactó no solo a nivel nacional sino también en Estados Unidos, donde el gobierno investigó al hijo mayor de López Obrador y eso motivó que desde Palacio Nacional le ordenaran regresar «de inmediato» a México.

Ahora, con la investigación de Latinus sobre los millonarios contratos que están recibiendo de la Comisión Nacional del Agua empresarios constructores que son amigos cercanos de Andrés Manuel López Beltrán, su segundo hijo, el presidente evadió ayer hablar del tema del reportaje difundido desde la noche del martes. Pero es muy probable que hoy vuelva a repetir sus trilladas frases de «ataques conservadores» y que, en vez de responder porque su hijo trafica con influencias y promueve el otorgamiento de contratos públicos hasta por 100 millones de pesos a sus cuates Alejandro Castro Jiménez Labora, Santiago Jiménez Labora y Diego Jiménez Labora, vuelva a preguntar por los departamentos y propiedades de Carlos Loret.

Para colmo, ayer mismo Mexicanos contra la Corrupción documentó, con base en reportes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que José Ramón vive, desde que regresó a la Ciudad de México a finales del 2022, en una casa ubicada en Coyoacán que está registrada a nombre de Guillermina Áurea Álvarez Cadena, asistente de la directora del periódico La Jornada. El tema no tendría mayor relevancia al tratarse de acuerdos entre privados, salvo por el hecho de que, en lo que va de este gobierno, ese diario ha recibido hasta 750 millones de pesos (200 millones de pesos en promedio cada año) en contratos de publicidad gubernamental, siendo el periódico que mayores montos de recursos oficiales recibe en este sexenio.

Pero de los dos hijos, el que sin duda le dará todavía más dolores de cabeza al presidente, será Andy, por ser también el más político y el que tiene una influencia innegable en su gobierno. Además de las revelaciones de los contratos otorgados por Conagua y Sedatu a sus amigos constructores y del evidente tráfico de influencias, el junior presidencial ha tejido toda una red de funcionarios públicos, que han sido colocados en puestos clave, y que al ser sus amigos de la universidad o de otras etapas le responden y le reportan por la cercanía y amistad que tiene con ellos. Empezando por Daniel Asaf, el jefe de ayudantes del presidente, y siguiendo con el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, la red política de Andy llega también a la Secretaría de Hacienda y el SAT, a la secretaría del Trabajo, donde su amiga Marath Maruch es subsecretaria, y a la Coordinación de Estrategia Digital del gobierno, que ocupa su amigo Emiliano Calderón Mercado.

Pero esos son solo algunos nombres. Un integrante del gobierno nos decía que la mayoría de los funcionarios jóvenes de este gobierno han sido colocados en toda la administración federal por Andrés Manuel López Beltrán. Incluso, ese mismo funcionario alertaba que los contratos que documentó Latinus para empresarios cercanos de Andy «son apenas la punta de la madeja» y que las redes de tráfico de influencia del junior llegan también al Infonavit, Pemex y a la proliferación de estadios de beisbol construidos con recursos públicos por toda la República y cuyos contratos también les fueron dados a sus amigos empresarios.

Está claro que, al menos sus dos hijos mayores terminarán siendo un problema para López Obrador y que su discurso de «no somos iguales» encontrará en la actuación pública de sus vástagos un golpe de mentira e incongruencia. Y no es que José Ramón y Andy hayan actuado muy diferente que los hijos de otros expresidentes, que igual incurrieron en escándalos, abusos y tráficos de influencias; pero ese es precisamente el problema: que por más que su padre juró y perjuró que ellos no actuarían como lo hicieron sus antecesores, los López Beltrán, al menos los dos primeros, terminaron seducidos por el poder y no desaprovecharon la oportunidad para costearse una vida mejor y, al menos en el caso de Andy, llenar de amigos el gobierno, tanto en puestos públicos como en el otorgamiento de contratos, para hacer negocios al amparo del poder de su progenitor.

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