El juez Brian Cogan aceptó la solicitud de la defensa de Genaro García Luna para posponer hasta marzo del 2024 la sentencia del exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
El 30 de junio, el defensor de García Luna, César de Castro, solicitó el aplazamiento para presentar nuevas pruebas a favor del exfuncionario con el objetivo de solicitar un nuevo juicio para García Luna, quien fue declarado culpable de colaborar con el cártel que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con el juez, los argumentos de la defensa tienen suficientes fundamentos para cambiar la fecha de la sentencia; ahora, García Luna puede entregar pruebas a su favor hasta el 15 de diciembre, la fiscalía tiene como plazo el 19 de enero de 2024 y la sentencia se dictará el 1 de marzo del próximo año.
La decisión del juez de aceptar a De Castro un nuevo plazo contradice la postura de la fiscalía, que hace dos semanas dijo que la defensa se había embarcado en “una expedición de pesca” de pruebas favorables y solicitó a Cogan que se negase a esas maniobras dilatorias cuando ya han tenido más de tres años para hablar con testigos y examinar documentos.
De Castro había argumentado ante el juez que “a medida que más personas conocen la naturaleza de las pruebas contra el señor García Luna, aún más antiguos funcionarios” están aportando “información que creen podría haber sido útil para la defensa en el juicio“.
Concretamente, en el último mes de junio, los abogados del exsecretario recibieron “miles de páginas de material, archivos de audio y video” que no habían “visto nunca”, y De Castro arguyó que la mayoría están en español, por lo que las limitaciones de idioma del equipo estaban “retrasando” su revisión.
“Entendemos que este no puede ser un proceso indefinido, sin embargo, los materiales que hemos recibido son directamente relevantes para el caso y muchos son materiales de las fuerzas del orden”, dijo De Castro en apoyo a su petición.
García Luna, de 55 años, fue declarado culpable en febrero de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.
El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.
Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.