Educados en la escuela del patrimonialismo político, fieles y adelantados discípulos de quien los indujo en el servicio público para servirse, no pocos de quienes formaron parte del equipo de gobierno de Duarte de Ochoa permanecen en tres y dos ante la zozobra de ser detenidos por mandato judicial, no de manera oficiosa por cierto, sino porque abusaron de la oportunidad en el manejo y aplicación del recurso público, no ven la suya desde 2016 cuando en la sucesión de gobierno ganó la elección Miguel Ángel Yunes Linares y dos años más tarde, Cuitláhuac García, también con diferentes siglas a las del PRI. Tal es una de las ventajas de la alternancia en el gobierno porque impide la complicidad de gobiernos sucesivos marcados con la misma razón política, como lo fue por muchos años el PRI. En Veracruz, la última entrega del gobierno de un priista a otro fue en 2010, cuando después de las elecciones más caras de este siglo en la entidad, Fidel Herrera Beltrán entregó la estafeta del gobierno a Duarte de Ochoa, con la encomienda y compromiso de no barrer para atrás, y Duarte lo hizo tan bien que cargó con esas culpas, no pocas, y las muchas propias. De allí el drama de esa generación.
Drama porque el jefe de todos ellos, Duarte de Ochoa, que ingenuamente creyó jugar en las grandes ligas de la política nacional solo porque la hacía de proveedor, paga con cárcel sus desmanes en el manejo del recurso público veracruzano. Drama, porque entre sus más cercanos colaboradores, Tarek Abdalá, también implicado en los desvíos del recurso financiero, acogido a la figura de testigo protegido opera como soplón y traidor, señalando a quienes fueron sus compañeros y cómplices en el tremendo festival de la rapiña sexenal. Solo se señala a siete, pero aquello fue un robo en despoblado, pues aunque “la verdad histórica” los señala con flamígero dedo, muchos permanecen en libertad gracias a “la verdad jurídica”, los famosos artilugios leguleyos. Prevalece en nuestro marco normativo el principio de presunción de inocencia, “… nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, pero en los casos de referencia la Fiscalía General obtuvo de un juez orden de captura, corresponde a los implicados argumentar con base documental lo contrario. Esa no es materia de este comentario, sí en cambio, se destaca la lamentable circunstancia de jóvenes que tuvieron la oportunidad de incursionar en el servicio público, porque la corriente los arrastró o por afán de excesivo lucro, incurrieron en frívolos devaneos en vez de aprovechar la circunstancia de servir a sus conciudadanos para ganarse el derecho a considerarse “políticos”. Pero son parte de un árbol que creció torcido en 2004 y echó ramas en 2010, que los vientos del patrimonialismo pronto retorcieron. De allí que el zumbido de la podadora amenazadora lo escuchen muy cerca. ¿Motivos electorales? Pudiera ser, pero en la política como en el judo, para vencer se utiliza el impulso del adversario. Aunque en el caso veracruzano también en el otro lado abundan los asegunes.