Mientras los trabajadores del Poder Judicial de la Federación confirmaron que su movilización en contra de la eliminación de fideicomisos que afectan sus prestaciones laborales va en serio y está tomando fuerza con las manifestaciones realizadas ayer en varias ciudades de la República, en la capital del país, el gobierno morenista de Martí Batres se confirmó también como un gobierno partidista, que concibe el uso del poder y hasta del espacio público citadino, con un enfoque patrimonialista en el que sólo sus manifestaciones son buenas y merecen todo el apoyo, acarreo y apropiación del espacio urbano, mientras a las protestas que se oponen al gobierno se les limitan los espacios, se les mandan granaderos o se les bloquean con vallas y muros de acero para que ni siquiera puedan llegar tranquilamente al Zócalo de la CDMX, que se supone la plaza pública por excelencia.
Podríamos decir, en términos llanos y directos, que mientras el movimiento laboral de los empleados del Poder Judicial federal enseñó el músculo ayer domingo, el señor Jefe de Gobierno, Martí Batres, enseñó el cobre. Porque ni siquiera sus vallas metálicas y sus muros de acero pudieron evitar que decenas de miles de trabajadores salieran a defender sus derechos y prestaciones; aunque la verdad de Batres ya no sorprende nada en cuanto al trato que le da a los manifestantes opositores, porque fue él mismo quien en la pasada marcha ciudadana en defensa del INE, a la que los medios bautizaron como la «marea rosa» del 26 de febrero de este año, salió decir, desde su cargo de Secretario de Gobierno de la CDMX que estimaba la asistencia de personas a esa marcha «en unos 15 mil asistentes». Fue tan burdo y tan poco serio el papel del secretario Batres en aquella ocasión, que hasta dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum le reclamaron en su momento haber manejado esa cifra ridícula para tratar de minimizar y descalificar a aquella marcha ciudadana.
Lo que se vio ayer en las calles y avenidas de las principales ciudades del país es un aviso de que en el Poder Judicial no se quedarán de brazos cruzados ante lo que ellos califican de «un atraco» de Morena y de López Obrador para apropiarse de recursos que le pertenecen a ese poder constitucional del Estado, con el argumento demagógico de que todos los fideicomisos eliminados por los diputados morenistas y los 15 mil millones de pesos que administraban eran para «privilegios y prebendas» de los ministros de la Corte.
La movilización nacional lograda por los distintos sindicatos que existen en las tres instancias que integran el Poder Judicial fue de casi 40 mil personas en más de 49 ciudades del país, de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal, que midió las afluencias en las distintas marchas. Por ejemplo, en la Ciudad de México reportaron 6 mil personas; en Nuevo León 3000 asistentes; en Coahuila, 2,400; en Chiapas 2,385; en Jalisco 2000; en Guanajuato 1,870; en Guerrero 1650; en Puebla 1500, al igual que en Baja California, San Luis Potosí y Colima; en Chihuahua 1,450; en Veracruz 1230; Zacatecas e Hidalgo 1,200; Estado de México 1,175; Querétaro 1,100; Michoacán 1,050, Tamaulipas 1,035 y en el resto de las entidades menos de mil personas participaron en las movilizaciones, según el reporte de la Judicatura.
Y quizás, como no llegaron a llenar el Zócalo, porque además los bloquearon y obstaculizaron desde el gobierno capitalino, los morenistas y el propio López Obrador se van a mofar de los números o descalificarán el esfuerzo de manifestación de los trabajadores judiciales diciendo que fueron pocos y que no alcanzan el tamaño de las movilizaciones que convoca el presidente que abarrota el Zócalo con decenas de miles de personas acarreadas y traídas desde toda la República en camiones a los que sí se les entrega la ciudad y su espacio para estacionarse donde quieran, avenidas y vialidades primarias incluidas, con tal de que le llenen la plancha de concreto para aclamar al líder.
Pero aunque claramente estas movilizaciones no tuvieron los «apoyos», «estímulos» o hasta «medios de transporte» pagados todos con dinero de los impuestos de los mexicanos, lo que vale de las marchas realizadas ayer por los trabajadores del Poder Judicial es que muestran a un Poder autónomo y constitucional que no se ha doblado ni se piensa doblar ante el presidente, por más que eso le cueste ataques, descalificaciones, venganzas y hasta expresiones de odio por parte de López Obrador y sus diputados y senadores.
Y como siempre pasa en las comedias y en la vida, donde el que se ríe al último ríe mejor, lo más probable es que, vía las acciones de constitucionalidad y la lluvia de amparos que llegarán a los juzgados, tribunales y hasta la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la cuestionada eliminación de los fideicomisos y la apropiación de recursos que ordenó el presidente y que ejecutaron sin chistar sus genuflexos y serviles diputados, y muy seguramente también lo harán los senadores morenistas, terminará siendo revertida por la misma Corte que trató en vano de explicar y hacerles entender a los legisladores de Morena que parte de esos recursos, al menos tres fideicomisos de la Judicatura, sí era dinero que se destinaba a pagar prestaciones laborales de retiro, jubilación y préstamos de vivienda, entre otros derechos constitucionales.
Y entonces, como diría el célebre y querido filósofo de Ciudad Juárez: «¡Pero qué necesidad!», de que en pleno fin de sexenio el presidente López Obrador esté agitando cada vez más las aguas y sumando resentimientos y enemistades hacia su estilo de ejercer el poder, a los que a una larga lista ahora se suman los trabajadores del Poder Judicial federal, cuando al tabasqueño ya le queda menos de un año para irse a «La Chingada», su conocido rancho en Palenque, Chiapas.
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