Durante su periodo presidencial, José López Portillo (1976-1982) semblanteó la posibilidad de reformar el artículo 82 constitucional en el reservado relativo a los requisitos para ser presidente de México, sin embargo, se abstuvo de mandar la iniciativa porque, se dijo, llevaría dedicatoria para que Carlos Hank González, el Regente del Distrito Federal y Arsenio Farell, Director General del IMSS, ambos de padres no mexicanos estuvieran en ese supuesto. Obviamente, la voluntad política, los tiempos y las circunstancias no permitieron la referida reforma; pero las condiciones objetivas de la actualidad muestran un cariz muy diferentes, pese a ciertas analogías respecto a la forma de decidir candidaturas a cargos de elección popular entre el PRI de antaño y MoReNa, que está bajo el rectorado de otro López de presidente. Para que accediéramos a esto estado de cosas han acontecido los cambios propios de la evolución política en cualquier país. Esto vale como antecedente para entender el gran alboroto que causó en Veracruz la reciente reforma a la constitución local en su capítulo relativo a la categoría de veracruzanos, pues se consideró llevaba abierta dedicatoria para Rocío Nahle en su legítima aspiración de ser candidata de su partido al gobierno del estado en 2024. De inmediato, como muestra fehaciente de una subcultura política de escaso desarrollo, las baterías se orientaron contra Rocío Nahle porque es de origen zacatecano, sin tomar en cuenta su arraigo de más de tres décadas en este solar mexicano. Empero, ella no es la única aspirante al gobierno veracruzano ubicada en ese supuesto, pues lo comparte con el alcalde xalapeño, Ricardo Ahued, a quien también se incluye entre los participantes de esa hipotética puja. Aún está por definir si la andanada contra la señora Nahle deriva de su militancia en MoReNa o si efectivamente es por su origen no veracruzano, aunque los argumentos son solo balas de salva pues una controversia constitucional direccionada en su contra seguramente la favorecería en base a la supremacía que ejerce la Constitución Federal sobre las estaduales. Así lo explicó con meridiana claridad el alcalde xalapeño en su encuentro con integrantes de la Asociación de Comunicadores de Veracruz (ACOVER) el sábado anterior, cuando hizo referencia a una analogía de situaciones en el caso de López Obrador buscando la candidatura perredista al gobierno de la CDMX en 2006. Pero en la pugna electoral veracruzana aún faltan muchos capítulos por escribirse, pues debe entenderse que la oposición vela sus posibilidades en busca de convertirse en opción competitiva, y en esa perspectiva el diputado José Yunes Zorrilla ya declaró su abierta disposición para participar, en cuyo caso sería un precandidato genuinamente competitivo abanderando la coalición partidista PAN-PRI-PRD. En esas andamos los veracruzanos, distraídos en el futurismo político sin percibir la tormenta económica que ya se cierne sobre nuestros bolsillos, porque no es poca cosa la combinación de elementos representados por una creciente inflación, la inversión privaada en drástica baja, el gasto público limitado por el déficit fiscal, y la incertidumbre respecto al desenlace del diferendo iniciado por el gobierno de los Estados Unidos, una miscelánea realmente explosiva.