Sería muy alarmante que el gobierno de México exonere a un ex secretario de Defensa vinculado al crimen organizado y que para hacerlo dinamite las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad. Sin duda. Pero consideremos por un momento la otra posibilidad. Sería igualmente preocupante quedarse cruzados de brazos ante la detención por parte de un gobierno extranjero de quien era la máxima autoridad de las fuerzas armadas hasta hace dos años, bajo acusaciones contrarias a la verdad. El daño a la imagen del Ejército y a la del país mismo están a la vista.
¿Exoneración de un culpable para no contrariar a los militares o defensa de la imagen del país y de una institución afectada por una acusación absurda? La información que paulatinamente se ha abierto sobre las pretendidas pruebas presentadas por la DEA, parecerían dar fuerza a la segunda de estas interrogantes.
Salvo que la DEA tenga otros elementos, lo que hasta ahora se ha presentado es caricaturesco, por decir lo menos. La acusación contra el general estuvo sustentada en la conversación grabada entre un capo de importancia menor (El H-2 del cártel de Nayarit) y un subalterno (El H-9) que intenta sacarle dinero a su patrón para corromper a un general del más alto nivel. En algún momento de las grabaciones telefónicas, el lugarteniente, quien ahora desea acogerse al procedimiento de testigo informante de la DEA para reducir la pena, refiere que el militar al que está corrompiendo aparece en la televisión. Era Cienfuegos. Es realmente el único dato “sólido” que incrimina al ex secretario de la Defensa, por lo menos en lo que se ha dado a conocer. Pero a contrapelo hay muchos indicios de que el general del que habla y con quien supuestamente se reúne El H-2 era de plano una invención o se trata de otra persona: lo describe como un hombre “medio llenito”, blanco y de mejillas enrojecidas y señala que su esposa es hermana del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz y que su hijo tiene la misma edad que el suyo. A la DEA no pareció molestarle que los rasgos físicos descritos son distintos y casi opuestos a los de Cienfuegos y que su esposa no sea familiar de un gobernador o que solo tenga hijas y ningún hijo varón. Tampoco hay trazo de dineros inexplicables en las cuentas del general y los suyos o en su patrimonio; y un par de fechas en las que El H-2 informa haberse reunido con el militar, este demostró haberse encontrado en otra ciudad, algo que tampoco la DEA se tomó la molestia de contrastar. En ese sentido, es explicable la molestia de las fuerzas armadas y el severo extrañamiento que el gobierno mexicano hizo a la DEA.
Lo que es menos explicable es el lamentable manejo de la crisis que ha hecho el gobierno mexicano. Lo que debió haber sido un tratamiento exclusivamente jurídico, terminó convirtiéndose en un pronunciamiento político, lo cual a mi juicio daña a las propias fuerzas armadas e incluso al General Cienfuegos. Las expresiones del Presidente en la mañanera acusando a la DEA de intervencionista y abusiva y al convertir el tema en un asunto de soberanía, contamina a todo el proceso de un sospechosismo que no beneficia a nadie. Ciertamente fue importante mostrar que eran infundadas las graves acusaciones sobre el más alto rango de las fuerzas armadas. El hecho de que el responsable de la seguridad y la defensa del país estuviera a sueldo del crimen organizado perjudica seriamente la legitimidad del Estado mexicano. Pero la rapidez con la que la fiscalía condujo la investigación para exonerarlo y el hecho de que sus conclusiones coincidieran con los pronunciamientos que venía haciendo al presidente, es también sumamente dañino para la legitimidad de la justicia mexicana. Nada de eso era necesario.
En otras ocasiones López Obrador había preferido quitar presión a los roces con Estados Unidos para no poner en riesgo las relaciones con el volátil inquilino de la Casa Blanca. Esta vez no lo hizo. Las razones para haber reaccionado tan vigorosamente solo pueden especularse.
Algunos consideran que la actitud del Presidente es una declaración de amor hacia las fuerzas armadas, el aliado político más importante de su gobierno. Según esta versión, para hacer patente sus vínculos no tuvo objeción en exhibir y denunciar a la agencia que ofendió a sus amigos. Sin embargo, tal explicación me parece débil. El gobierno de la 4T ya había dado suficientes muestras de solidaridad al ejército, al conseguir el enorme mérito que significa expatriar al General y obligar a las autoridades de Estados Unidos a cancelar el proceso judicial en su contra.
Otros explican esta reacción de indignación y molestia como una estrategia calculada para fortalecer la posición de México en la reformulación de relaciones entre nuestro país y el gobierno entrante de Biden. Quizá, aunque podría pensar que gritarle a un vecino tan poderoso para ablandarlo es una apuesta de altísimo riesgo.
Los más suspicaces afirman que no tiene nada que ver con las razones anteriores y sí con una de política interna. Frente a la necesidad de mantener la mayoría en el Congreso, que estaría en riesgo en las elecciones del próximo verano, López Obrador construye una narrativa nacionalista muy fructífera en términos populares. Apelar a la soberanía frente a un poderoso, siempre ha otorgado grandes dividendos al poder en turno a lo largo de la historia política de los pueblos. Si tal es el caso, otra vez, los dividendos de política interna podrían estarse perdiendo en el frente internacional, que será decisivo en la recuperación económica.
O quizá simplemente la reacción del Presidente obedece a la indignación que provoca la desafortunada actitud de una agencia extranjera excedida en un intervencionismo que había que detener de una vez por todas. Explicaciones para lo inexplicable hay varias. ¿Por cuál se inclina usted?
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