ALMA GRANDE
Ángel Álvaro Peña
El castigo impuesto a Alfredo Castillo es una invitación a practicar la corrupción con toda su fuerza y ambición. Si un corrupto como éste sólo tiene como castigo 10 años de inhabilitación, pues a robar mientras se dan cuenta y sin peligro de cárcel.
Los manejos de dinero, tráfico de influencias, desvío de recursos, desviación de recursos humanos, transas personales, duplicación de pagos, pagos a aviadores, etcétera, le garantizan a este tipo que pueda vivir sin trabajar, y entonces qué le interesa estar inhabilitado 10 años o toda la vida.
Si esa es la lucha contra la corrupción que realiza la 4T mejor que ni la anuncie, porque se trata de una burla a la inteligencia de los mexicanos.
Se castiga a los corruptos con una simulación, mientras los cómplices siguen cobrando en el Gobierno, regados por toda la administración pública a lo largo y ancho del territorio nacional, porque además de hacerle un daño irreparable al deporte, este individuo trabajó como procurador Federal del Consumidor, en una gestión poco menos que mediocre y que debe investigarse.
Su gran amigo, el Presidente en ese momento le confió la pacificación de Michoacán y sólo intensificó la violencia, con sus respectivas víctimas lamentables.
Fue asesor del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, en la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Durante la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México fue procurador de Justicia de esa entidad cuando sucedió el caso de la niña Paulette, el 22 de marzo de 2010, puesto en el que se mantuvo en la gubernatura siguiente, de Eruviel Ávila, por recomendación, pero no por capacidad.
Sobre el caso de la niña Paulette se realizó una serie televisiva donde lo colocan como el responsable de investigaciones parciales y negligencias; y por eso, la sanción por 10 años de inhabilitación en realidad indigna a la población.
La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que Castillo omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos, lo cual constituye una violación al artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que obliga a presentar con veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Seguramente hay casos similares de cuyos ilícitos dan cuenta de manera detallada los medios, pero la justicia pareciera hacer caso omiso de detalles que pueden iniciar investigaciones que sean serias y en realidad profundas.
Cuando se trataba de ejemplificar a corruptos, de inmediato surgía el nombre de Alfredo Castillo, apodado El Virrey en la alta burocracia, quien hizo lo que se le pegó la gana en la administración pública, desde luego amparado con sus jefes y amigos, pero si se trata en realidad de barrer las escaleras de la corrupción la condena de este sujeto debe ser mucho más severa.
Sólo falta que a García Luna lo condenen a pagar una multa, o a César Duarte, a inhabilitarlo por dos años; o a Tomás Zerón lo pongan a barrer las calles. La función pública debe tener dientes afilados y mayor coordinación con la Fiscalía para que haya justicia y legalidad.
Si la corrupción no se castiga de manera ejemplar y se les invita a seguir robando a los funcionarios públicos, quienes ven en la impunidad la gran oportunidad de delinquir en la alta burocracia, la corrupción nunca se va a terminar en México.
PEGA Y CORRE.- Si Movimiento Ciudadano sigue arropando a gente de la farándula como candidatos podría caer en el circo político que ya empezó a construir con Quico y Paquita la del Barrio… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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