De razones y pasiones
Rafael Pérez Cárdenas
Formato Siete
Si usted vive en Xalapa debe saber que se trata de la ciudad en la que se cometen más secuestros en todo el país; en efecto, más que en Tijuana o Ecatepec; más que en Iztapalapa o cualquier otra ciudad de Morelos o Michoacán; Xalapa, la que alguna vez fue una Atenas veracruzana, ahora está sumida en la ineptitud, la complacencia y la inmundicia de la delincuencia.
Pero no sólo la capital. El estado de Veracruz tiene tres de las seis ciudades con el mayor número de secuestros a nivel nacional. Las otras dos son Coatzacoalcos y Córdoba, que juntas suman oficialmente 126 en los últimos dos años, precisamente los de esta administración estatal, de acuerdo a un informe presentado esta semana por la organización Alto al Secuestro.
Lo peor del caso es que no se trata de una ciudad boyante, de una capital llena de industrias que generen empleo, y menos aún, la sede de grandes consorcios empresariales o centros comerciales. Se trata de una ciudad que vive del gobierno, las universidades y el pequeño comercio. El secuestro en Xalapa no es porque esté llena de ricos –como sugirió alguna vez el Presidente López Obrador para justificar este delito- sino porque el desempleo y la inseguridad van de la mano.
Y lo mismo hay casas de seguridad a unos pasos de Murillo Vidal –como se comprobó hace unos durante un operativo de la policía estatal-, en el Sumidero, la colonia revolución o en algún rincón de Las Animas y Monte Magno, según el testimonio que aportan las redes sociales y algunos medios de comunicación. Tampoco se piden rescates millonarios, acaso cantidades que para las víctimas representan mucho más allá de su patrimonio.
En efecto, no es un problema que haya surgido en este gobierno, sin embargo, las cifras confirman que se recrudeció como otros delitos, a pesar de que la Fiscalía General del Estado insista en que las cifras de incidencia se han desplomado.
En su “Reporte Nacional Diciembre 2018-Enero 2021”, la organización documentó ¡692 secuestros! en todo el estado de Veracruz, colocándolo en primer lugar nacional, por encima del Estado de México y la Ciudad de México; al mismo tiempo, Veracruz presenta la tasa más alta de víctimas de secuestro por cada mil habitantes, tres veces más que la media nacional.
Y conste que casi la mitad de estos dos años la hemos pasado en pandemia.
ORFIS, una vergonzosa comparecencia
Este jueves, la auditora general del ORFIS Delia González Cobos presentó ante el Congreso una de las más vergonzosas y lamentables comparecencias de la que se tenga memoria, a la que acudió sólo para dar excusas del por qué un año después no se ha concluido la Cuenta Pública 2019 -la del primer año del actual gobierno-; en cambio, destacó el resultado de los informes de las cuentas públicas de pasadas administraciones que ¡¡ya fueron aprobadas!!
Su comparecencia y atribulado ascenso a la titularidad del órgano de fiscalización confirman que la impusieron ahí para construir un muro de opacidad e impunidad a la actual administración estatal, convirtiendo al ente autónomo en un elefante blanco de ineficiente burocracia.
El ORFIS fue el único organismo autónomo que no cumplió su función durante el año pasado; con absoluto cinismo, González Cobos pidió “un voto de confianza”, ofreciendo que para septiembre –plazo que le otorgaron los diputados morenistas más tarde- tendrá lista la Cuenta Pública 2019, justo un mes antes de cuando se deba entregar la del año 2020.
A pesar de que el ORFIS ya había revisado la Cuenta Pública de Yunes Linares hasta en dos ocasiones, para que no quedara ninguna duda, dedicó todo el año a seguir hurgando en los expedientes de las administraciones pasadas y guardó en el cajón la Cuenta Pública de 2019 de Cuitláhuac García, para lo que ha pedido hasta dos prórrogas al Congreso estatal, la última por ¡8 meses!
Hace un año exactamente, el entonces presidente del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, pidió que no hubiera suspicacias en la decisión tomada por el ORFIS de no contratar despachos externos para la revisión de las Cuentas Públicas 2019, la primera del gobierno y el segundo año de las 212 administraciones municipales, las más importantes en manos de Morena. Las sospechas se confirmaron.
El temor de la administración morenista es de sobra fundado. Le decisión de excluir a cualquier despacho externo fue la respuesta al informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que se señalaba que el gobierno de Veracruz tenía un monto pendiente de justificar correspondiente al uso de fondos federales por 683.2 millones de pesos; después de confirmaría que esta cantidad alcanzaría más de 2 mil millones, la segunda cantidad más alta en el país.
Quisieron ahorrarse diez millones de pesos para no tener que indagar el origen de las irregulares y subejercicios por miles de millones. Ahora van a encontrar lo que la SFP detectó hace más de un año y que ya hizo público.
El gobierno estatal puede estar satisfecho. Delia González ha cumplido con creces la tarea que le fue encomendada.
Las del estribo…
- Curiosa declaración del alcalde Hipólito Rodríguez para acusar al pre candidato del PRI a la alcaldía de Xalapa, David Velasco Chedraui, sobre la “usura” oficial de un crédito obtenido hace más de 12 años, tema al que no se refirió ninguno de los alcaldes que le siguieron. AMLO lleva dos años de Presidente, ¿por qué nunca reestructuró con Banobras del gobierno morenista? Después de poner a Morena contra las cuerdas, ahora pretender subirse al ring electoral.
- Anoche el Congreso autorizó ampliaciones presupuestales a la UV, la FGE, el OPLE y el TEV. La buena es que después de dos administraciones -una caóticamente corrupta y otra arrogante e indolente-, la Universidad Veracruzana y la Fiscalía General del Estado podrán pagar sus adeudos ante el fisco. La mala es que la ocurrencia de la reforma electoral costó al menos 125 millones de pesos.