De razones y pasiones
Rafael Pérez Cárdenas
La reforma del Código Penal del Estado de Veracruz en materia de ultrajes a la autoridad contra las instituciones de seguridad pública es inconstitucional, según una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en marzo de 2016.
Lo que aprobó el Congreso de Veracruz el pasado 11 de marzo podría ser el nuevo revés que sufra ante la Suprema Corte, luego de que la nueva disposición ha servido para legitimar el abuso de poder por parte de la policía y las autoridades.
Según el nuevo texto del Código Penal, se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.
La figura de ultrajes a la autoridad –en el caso de Veracruz se trata de delitos contra las instituciones de seguridad pública- fue declarada inconstitucional por la SCJN bajo el argumento de que viola el principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que el tipo penal no es suficientemente claro al establecer las conductas prohibidas, y por tanto la sociedad no podría saber en qué momento podría o no estar incurriendo en un delito.
En aquel entonces, seis ministros consideraron que el artículo incluido en el Código Penal de la Ciudad de México era inconstitucional por no cumplir con el principio de taxatividad, es decir, el tipo penal es muy ambiguo.
“Cualquier persona debe saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, si la descripción típica de la conducta sólo se puede precisar después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad”, explicó la ministra Norma Piña. Existe la confusión, por ejemplo, de si el ultraje requiere una agresión física o basta con insultar verbalmente a la autoridad que está en ejercicio de sus funciones.
Los ministros José Ramón Cossío encargado del proyecto de sentencia y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideraron que era violatorio de la libertad de expresión, lo que en el caso de Veracruz aplicaría para el representante de los Centros de Verificentro, Eduardo Mario Casares, quien fue acusado por este delito mientras realizada una protesta afuera de las oficinas de la Sedema.
Durante el debate, el ministro presidente, Luis María Aguilar, opinó que el concepto está muy abierto con el puro verbo ultrajar: “pueden caber muchísimas condiciones ahí como ofender, humillar despreciar, violar, maltratar, dañar, menoscabar, manosear, agraviar; ya sea de palabra o de obra”. La reforma local refiere a quien amenace o agreda pero no especifica la materialización del acto.
Con este criterio, los ministros fallaron a favor de amparar a Norma Angélica Rangel Salazar, quien en el 2014 fue detenida por insultar y empujar a policías, algo que supuestamente también habría hecho el ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien contaba con el beneficio de un amparo.
El fallo también benefició a Gabriela Luna Hernández Arreola detenida en octubre del 2013 acusada de insultar a un policía. Pasó seis meses en prisión y fue sentenciada a un año tres meses de cárcel.
La reforma al Código Penal de Veracruz no infiere en sí mismo un abuso de autoridad en beneficio de las instituciones de seguridad pública; simplemente, la Corte ya se pronunció en el sentido de que es inconstitucional, lo que podría provocar que nuevamente la echen abajo, luego de que los afectados recurran a la justicia federal.
Seguramente este jueves Mario Casares obtendrá su libertad. Rogelio Franco tendrá que esperar un poco más.
Las del estribo…
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