Antes de que concluya la actual Legislatura, el Congreso del estado –en particular el Grupo Parlamentario de Morena- podría llevarse el más severo revés por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al intentar excluir al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez de la aplicación de la figura de revocación de mandato, según la iniciativa que presentaron este martes.
A pesar de los recientes resultados electorales, Morena pretende blindar al mandatario estatal de una eventual destitución –por la vía de la revocación de mandato-, argumentando una retroactividad en detrimento de sus derechos políticos. Es decir, a diferencia del Presidente, el morenismo veracruzano observa la consulta como una amenaza a su continuidad. Cuitláhuac se arrugó.
La historia versa así. En diciembre de 2019, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto presidencial por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato.
El decreto incluye un sexto transitorio que señala que las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a su entrada en vigor, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
El pasado 22 de junio venció el plazo para que el Congreso de Veracruz armonizara la Constitución local con nuestra Carta Magna y garantice el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado. A pesar de que se trata de una iniciativa promovida por el presidente López Obrador, el morenismo veracruzano había decidido ignorarlo para poner a salvo al mandatario estatal. Ayer lo confirmaron.
Todavía en mayo pasado, el Presidente aseguró que “el pueblo pone y el pueblo quita; el pueblo, no las élites del poder”, en referencia a que se sometería a la consulta para decidir su continuidad en Palacio Nacional. En Veracruz piensan distinto y proponen que se haga la revocación en la yunta del próximo gobernador.
Ayer, el grupo parlamentario de Morena presentó –a hurtadillas y regañadientes- la iniciativa de reforma para incluir en la Constitución local la figura de revocación de mandato, sólo que con algunos candados que no están en decreto presidencial.
El más importante es que esta figura no aplicaría para el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque consideran “no prudente la previsión expresa de un posible desarrollo de la figura de revocación de mandato para el caso de la actual administración pública estatal”, por lo que no se prevé en el proyecto de Decreto. Esto tendrán que asentarlo en los transitorios.
Aplicar a la presente administración pública la figura de la revocación de mandato, asegura la iniciativa, implicaría hacerlo de manera retroactiva “en perjuicio de derechos adquiridos, de forma especial respecto del candidato elegido para tal cargo el día 1 de julio de 2018, con la consecuente vulneración de sus derechos, aun cuando no se trate del único potentemente afectado en su esfera de derechos, toda vez que como se ha dicho, todos los intervinientes en el referido proceso electoral 2018 para la renovación del titular del Poder Ejecutivo.”
“(…)hacerlo podría vulnerarse la certidumbre jurídica respecto del desarrollo del proceso electoral que se desarrolló en el año 2018 para la renovación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, el cual a esta fecha se considera total y definitivamente concluido en sus términos”, agrega.
Finalmente, la fracción de Morena propone que “la vigencia y eficacia plena de la figura de revocación de mandato sea a partir del venidero proceso electoral de renovación de titular de Poder Ejecutivo”, a pesar de que el propio Gobernador dijo en mayo pasado que “yo me someto a lo que sea”.
Esa fue la verdadera razón de la visita que el jueves pasado hizo el gobernador al Palacio Legislativo. No sólo fue a “tirar línea” para revisar la agenda pendiente, sino a conocer los términos de la iniciativa que se estaba preparando y que fue presentada este martes. De acuerdo al calendario del Congreso, podría ser en la próxima sesión del 15 de julio cuando el dictamen se presente al pleno y se vote.
Para desgracia del morenismo de la aldea, es el propio Presidente quien está impulsando la iniciativa a nivel nacional. La realización del ejercicio por parte de López Obrador debilita el argumento de que no puede aplicarse de manera retroactiva a un mandatario en funciones, considerando que ambos iniciaron su gestión el mismo día.
Nuevamente una reforma aprobada por la mayoría morenista irá a parar a la Suprema Corte de Justicia, donde podría darse el último y más grave revés jurídico para una Legislatura que sólo mostró su pobreza e ignorancia. Y entonces, contra su voluntad, Cuitláhuac tendrá que acompañar a López Obrador en la boleta.
La del estribo…
- ¡Otra vez! Ayer la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Comunicación Social del Estado de Veracruz, en lo que fue un descalabro más de la estulticia legislativa. En realidad no se perdió mucho, no se trataba de una Ley sino más bien de un manual para la contratación de publicidad oficial, lo que sólo ha servido para la discriminación y censura de los medios críticos.
- La urgencia de Hipólito Rodríguez de reunirse con el alcalde electo Ricardo Ahued para insistir en el tema de los parquímetros es porque deberá devolver el anticipo que recibió. Por eso anda tan nervioso.