Una de las reglas no escritas del presidencialismo mexicano posrevolucionario que aún parece estar vigente es que ningún mandatario encarcelará a su antecesor.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por alcanzar la Presidencia de la República, muchos de los 30 millones de ciudadanos que votaron por él en 2018 creyeron que por fin se castigarían los abusos de poder y corrupción de los gobernantes del PRI y del PAN que le antecedieron, esperanza que en buena parte abonó a su contundente triunfo electoral.
Sin embargo, hasta hoy, más de tres años después, todo parece indicar que pese a su discurso en contra de la corrupción y crímenes del pasado, el líder de la Cuarta Transformación tampoco barrerá para atrás.
Este martes, por ejemplo, el diario Excélsior publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló solamente a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y a su madre, Gilda Margarita Austin y Solís o Gilda Susana Austin De Lozoya, como los únicos beneficiados y, por lo tanto, culpables, en el pago de un soborno de 10 millones 500 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht. El organismo federal autónomo encargado de procurar justicia no mencionó a ningún otro personaje de la vida política cuyos nombres eran mencionados en esta trama de corrupción, entre ellos al ex presidente Enrique Peña Nieto y a los ex secretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade, quien a mediados de diciembre pasado se integró al Consejo de Administración del Grupo Chedraui.
Según publicó el diario capitalino, desde el 3 de enero de este año, la FGR presentó las conclusiones del caso al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, que actúa como juez de Control.
De acuerdo con esta versión periodística, el Ministerio Público Federal está solicitando para Lozoya Austin 46 años y 6 meses de prisión, más el pago de 7 mil 950 días de multa, equivalentes a 87 millones 252 mil 442.50 pesos. Y, para su madre, 21 años y 3 meses de cárcel, además del pago de 4 mil 50 días de multa, equivalentes a 262 mil 278 pesos.
Las investigaciones corresponden al expediente FED/SElDF/CGl-CDMX/0000117/2017, realizadas por el titular de la Fiscalía de la Unidad de Investigaciones B, en la CDMX, Kristian Javier Jiménez Hernández.
Lozoya Austin también enfrenta cargos de asociación delictuosa, por el que se piden 10 años de prisión y 300 días de multa; cohecho con 14 años de cárcel y 150 días de multa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una sanción de 22 años de prisión y 7 mil 500 días de multa. Y a su madre le imputaron cargos de asociación delictuosa, con 10 años de cárcel y 300 días de multa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una sanción de 11 años y 3 meses de cárcel y el pago de 3 mil 750 días de multa.
Horas antes de su arresto, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa acusó al ex presidente hondureño de haber participado en “una conspiración violenta” para recibir “múltiples toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela”.
Según la representación diplomática de EU, la droga se habría movilizado “por rutas aéreas y marítimas” hacia el oeste del país centroamericana para luego ir hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, hacia territorio estadounidense.
El nombre del ex presidente Juan Orlando Hernández ya había salido previamente en las investigaciones, dado que los fiscales aseguraron que tuvo contacto con “El Chapo” Guzmán.
Según publicó el diario hondureño “El Heraldo”, la revelación tuvo lugar durante una sesión en la que se confirmó la participación del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado en 2013 la campaña presidencial de Hernández a cambio de protección.
¿En México pronto veremos al primer ex Presidente en prisión?
Habrá que ver, por ejemplo, qué consecuencias tiene en México el candente caso del empresario Alex Saab, el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien hizo negocios con el gobierno obradorista y actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por lavado de dinero, sobre el cual la Fiscalía Federal de EU confirmó ayer que había colaborado hasta 2018 con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.
Por cierto, en una de las emisiones de una televisora estadounidense que este miércoles abordó el caso de Saab y dio amplia información sobre el tráfico de drogas de Sudamérica a Estados Unidos, fue mencionado el estado de Veracruz. Mañana daremos más detalles.