En un claro y desaseado madruguete, desde la cuenta oficial del Gobierno de la República fue anunciada actividad ministerial contra Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, por los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.
El gobierno federal, la Administración Pública, que es encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tenía por qué dar a conocer un tema de índole penal propio de un órgano autónomo de Estado, como es la Fiscalía General de la República (FGR).
Al invadir las funciones de la FGR, el titular del Ejecutivo se exhibe como un persecutor político, como un represor que usa la sometida actuación del fiscal general, como un ariete para venganzas políticas y para noquear a opositores electorales.
No se descarta que la «joya» denominada Alito sea posible responsable de esos y otros delitos, sólo que su eventual procesamiento debe caminar por la senda de la legalidad, no por motivaciones ajenas al estricto imperio de la ley.