No se requiere de una agudeza atípica para advertir el tétrico escenario en el que se se desempeña nuestro sistema de procuración y administración de justicia, uno en el cual también es posible observar la debilidad de nuestras instituciones, pues al menor soplo político se tambalean, para mal de la población. Mucha de esa calamidad es debida al incipiente desarrollo democrático en nuestro país, acicateado por un sistema presidencialista según el cual el titular del Poder Ejecutivo sigue siendo el Gran Tlatoani, como tronante semidiós, en detrimento de la división de poderes establecida en el texto fundamental de la nación mexicana. Para muestra, la muy significativa y ya nada sorpresiva declaración del presidente al referirse a cuatro magistrados de la SCJN que en su momento propuso al senado de la república, “¿y qué creen? Me equivoqué. Hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo, cambiaron de parecer. Ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”. Esa lógica revela el sentimiento de reciprocidad incondicional que inspiró la dicha propuesta, es decir, la prevalente intención de contar con adictos a un proyecto político, al margen de la condición de juristas que responden al interés de la justicia. Nunca será buena señal cuando la justicia se politiza. Porque, cuando se imprime a la justicia una influencia ajena al espíritu de la ley, entonces se producen casos a los cuales la aplicación de la norma induce sustantivas y muy versátiles diferencias, como se apuntan entre “la estafa maestra” y el desvío millonario en Segalmex, muestras paradigmáticas en las cuales la presunción de inocencia se aplica con marcado contraste. Porque en una, a causa de la prisión preventiva que precisamente hoy se discute en la Corte Suprema, se encarcela por tres años a Rosario Robles por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos, y en otro caso, este por 9 mil 500 millones de pesos, en Segalmex, al titular de la dependencia quien firmó la autorización para comprar papeles bursátiles por cien millones de pesos, pero alega no recordar haberlo hecho, prácticamente se le exonera otorgándole un cargo en el esquema de gobierno, aunque se castiga a uno de sus subordinados. Dos varas, dos medidas para casos semejantes, que, insistimos recuerdan la emblemática frase juarista: “a los amigos juaticia y gracias, a los adversarios, justicia a secas”. Este día, en la Suprema Corte de Justicia se votará sobre la vigencia de la aplicación del delito de prisión preventiva, determinación complicada por el ingrediente político que lo acompaña, pues implica no solo el enfrentamiento entre dos poderes de gobierno, sino la genuina aplicación de la ley para mejorar la justicia. Pero se produce otro dilema jurídico, según los expertos en la materia la SCJN incurriría en una acción de inconstitucionalidad si vota por la desaparición del referido delito, atribución que corresponde al Congreso de la Unión del Poder Legislativo en su facultad de reformar la Constitución, en este caso en su artículo 19. De allí la trascendencia del resultado de la votación que este día se llevará a cabo en la sede del Poder Judicial de la nación. Sin duda, son signos inexorables de nuestros tiempos