El pasado martes seis de diciembre, se puede considerar inició para la administración federal que tiene bajo su responsabilidad Andrés Manuel López Obrador, el final, de su cuarto año de gobierno en forma nada positiva.
Día que debe considerarse histórico para la incipiente democracia que se vive en México desde hace aproximadamente treinta años, en otras palabras, desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora el eficiente Instituto Nacional Electoral (INE).
Inicio negativo de finales de año, debido a la reforma que a nivel constitucional se pretendía hacer para desaparecer al INE y cambiarlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que fracasó, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al solamente obtener el grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos “aliados” el del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), 269 votos a favor, necesitando en realidad 334 para alcanzar la mayoría calificada, que es lo necesario para poder realizar reformas a nivel constitucional.
La respuesta inmediata de AMLO fue el envío de su Plan B, el mismo día, el que fue aprobado durante las primeras horas del miércoles siete, dispensándole todos los pasos que debe seguir cualquier iniciativa de reforma que entre al Congreso y lo más grave aún, sin que tuvieran conocimiento de su contenido los diputados de Morena que la aprobaron. Siendo que esta forma de hacer las cosas, ponen el citado Plan B en peligro de que sea impugnado cuando pase a la Cámara de Senadores, además de otras irregularidades que tiene desde su origen.
Los motivos que ha manejado la administración federal para poder atentar en contra del INE en forma general son: lograr tener una institución electoral más barata, así como también que los procesos electorales sean más económicos y según Morena, evitar la compra de votos.
Por lo que corresponde al Plan B, el total de los cambios son en cinco leyes secundarias que son: la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Lay General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que entre otras acciones contemplan: eliminación de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); disminuir estructura del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); unificación del PREP, con el computo de la elección en tiempo real; revisión del tabulador de sueldos en las instituciones electorales para que nadie gane más que el Presidente; eliminar el Servicio Profesional Electoral Nacional. Por lo que corresponde a las inclusiones tenemos: facilitar el voto a los connacionales desde el exterior vía internet; garantizar la paridad de género; otorgar voto a presos que no estén sentenciados; incluir candidaturas de jóvenes afromexicanos, indígenas y discapacitados, así como con preferencias sexuales diferentes.
Siendo entre lo más peligroso del Plan B para la democracia mexicana el permitir la comisión de delitos electorales de parte de los aspirantes a cargos de elección popular como: la promoción personal de servidores públicos con fines electorales, los actos anticipados de campaña, también el sancionar a servidores públicos que aspiren a candidaturas por faltas recurrentes con la pérdida del modo honesto de vivir, lo que evitaría su postulación.
A lo que se debe de agregar, el supuesto “error” que según los legisladores morenistas se fue, sin saber cómo en la redacción del Plan B y que tenía como finalidad el beneficiar en forma total, a la chiquillada que acompaña a Morena en todos los procesos electorales y que consiste en: modificar el porcentaje mínimo obligatorio del 3 % a nivel nacional para que el partido político que no lo obtuviera no perdiera su registro; permitir la transferencia de votos entre partidos que estén coaligados y el uso de remanentes financieros en diferentes procesos electorales, entre otras cosas.
Acciones la citadas que son inconstitucionales y que hasta Andrés Manuel ya ordenó su corrección a la brevedad, además de los legisladores de Morena, el PT y el PVEM. Diciendo en conferencias de prensa que no están de acuerdo con lo citado.
Pero independientemente de lo anterior, la llegada a la Cámara de Senadores del Plan B, es con un impulso de coraje y venganza, por no haber podido lograr el que pasara la reforma constitucional en materia electoral, como la quería Andrés Manuel, lo que por donde se analice, es otra derrota política para él, ya que aunque se logren algunas de los acciones que tiene el manoseado Plan, lo medular en cuanto a eliminar al INE, para poder continuar en el poder, se les está dificultando y posiblemente no lo logran. Hay que esperar que el comportamiento de los senadores sin importar el partido político al que pertenezcan, sea pensando en beneficio de México y su democracia. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el viernes. Noti-sigloxxi@hotmail.com (Fech. Púb. Lun. 12-diciembre-22)