Pocos presidentes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lograron volverse tan visibles y mediáticos, incluso con dimensión política, como la ministra Norma Piña, primera mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial de la Federación. Su antecesor en el cargo, Arturo Zaldívar, llegó a ser también un presidente visible y desarrolló una faceta mediática y hasta de impacto en sectores juveniles del país, pero a él le llevó cuatro años y muchas controversias llegar a convertirse además de un jurista respetado, en una figura política por su cercanía e identificación con el presidente López Obrador y su 4T.
En cambio a la ministra Piña le bastó un evento con el presidente López Obrador, en el aniversario 106 de la Constitución el pasado 5 de febrero, en el Teatro de la República de Querétaro, para pasar de ser vista como una «ministra adversa a la 4T», como la habían tachado en Palacio Nacional, a convertirse en la primera mujer que, reivindicando el equilibrio de poderes y la autonomía del Poder Judicial, que se atrevió a no levantarse del presidium cuando anunciaron la presencia del Presidente, como un gesto de dignidad y autonomía, tras el desaire que le había hecho Andrés Manuel al llegar al recinto teatral, cuando no la saludó, la pasó de largo y la dejó atrás junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.
Y si con eso ya Norma Piña había hecho historia, con un gesto nunca visto en la historia del presidencialismo mexicano, en su discurso como presidenta del Poder Judicial, exigió «respeto a la independencia y libertad de los jueces para ejercer sus cargos y brindar justicia a la población mexicana». La ministra llamó al reconocimiento y respeto entre los Poderes de la Unión y dijo que ella defendería siempre el trabajo de los juzgadores, porque ella misma fue juez y nunca aceptó consignas de ningún tipo en su trabajo.
El momento fue claramente incómodo para el Presidente, a quien Piña le dirigía la mirada mientras hablaba y, en su turno como el orador principal, López Obrador garantizó que habría respeto al Poder Judicial y que el suyo era un gobierno democrático y a favor de los equilibrios y las libertades. Las portadas y notas de ocho columnas de los diarios, los comentarios y análisis en la radio y la televisión, además de los #hashtags y tendencias en las redes sociales, al día siguiente consignaron sí la presencia y el discurso presidencial en el evento de la Constitución, pero le dieron más peso y relevancia al gesto inédito y valiente que había tenido la ministra presidenta de la Corte frente al titular del Poder Ejecutivo.
A partir de ahí, la ministra Piña se volvió no sólo muy conocida en el mundo político y mediático, sino que generó en muchos mexicanos, ávidos de oposición en este país, ante la pequeñez de los partidos opositores, que vieran en la presidenta del Poder Judicial una figura de contrapeso y equilibrio del desbordado poder que ha adquirido López Obrador. «Mis respetos para la señora ministra», «Una mujer se atrevió a ponerle un alto a López Obrador», «Una ministra progresista e incómoda», «Norma Piña es una presidenta valiente» o de plano «Norma Piña para presidenta», fueron comentarios, titulares y hasta parte del análisis político que comenzaron a ver en la ministra presidenta una mujer que había llegado para romper el nexo entre el Palacio Nacional y el Palacio de Justicia, por lo que generaba muchas expectativas y esperanzas de que se podía contener al Presidente en sus excesos y caprichos.
Pero de eso hace ya casi ocho meses y la actuación de la ministra Norma Piña, si bien comenzó exigiendo y reivindicando la autonomía e independencia de los jueces con fallos adversos al Gobierno federal en temas que tocaban directamente al Presidente, sus reformas constitucionales o sus reformas a leyes reglamentarias que pretendían modificar la Constitución y hasta la persecución y acusaciones a sus adversarios políticos. Los reveses tan fuertes que le empezó a propinar el Poder Judicial, desde los juzgados y tribunales de circuito, hasta los Colegiados, el pleno de la Corte, el Consejo de la Jurídica y hasta los magistrados del Tribunal Electoral, calaron en el ánimo presidencial y el discurso de odio y cuestionamientos a los ministros y a los juzgadores, acusándoles de «corruptos», «vendidos», «defensores de intereses económicos», «jefes del Bloque Conservador», se convirtió en una constante.
A la ministra Piña, la fama y las múltiples expectativas que depositaron en ella un sector de la ciudadanía, de los partidos de oposición, de los empresarios y hasta de los políticos y ciudadanos acusados por el gobierno lopezobradorista y perseguidos y encarcelados por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no le sentó tan bien y empezó a tener gestos y excesos que parecían soberbia en su actuación pública y privada.
Los mensajes de reclamo y cuestionamiento que le mandó vía WhatsApp al senador Alejandro Armenta, quien la acusó públicamente de «amenazas e intimidación a un representante de otro Poder de la Federación» y amenazó con demandarla judicialmente si no se disculpaba por haberlo increpado y atacado en su teléfono personal, la mostraron en otra de sus facetas, pues al haber enviado esos mensajes, la ministra tuvo que reconocer públicamente que su acción fue un exceso de su parte y tácitamente se disculpó con el Senador.
Luego vinieron sus viajes, primero a Marruecos, a recibir un premio de «Derechos Humanos por garantizar el acceso a la justicia e igualdad de condiciones para las mujeres juzgadoras», que le otorgó la Décimo Sexta Bienal de Mujeres Juezas, que reúne a ministras, magistradas y juzgadoras de todo el mundo, el 15 de mayo pasado. Y dos meses después, en agosto de este año, viajó a Colombia y a Chile para dar discursos en eventos de juzgadores de Latinoamérica. Y justo esta semana, la ministra Piña viaja a Madrid, España, para participar en otro evento de jueces.
Pero justo ese viaje ocurre hoy, cuando en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena se apresta a quitarle recursos por 15 mil millones de pesos a los 14 Fideicomisos del Poder Judicial, entre ellos el que administra los Fondos de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del Poder Judicial, y otros más. La bancada morenista se apresta este miércoles a aprobar el dictamen de una iniciativa que reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera del Poder Judicial, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el Apartado «B» de la Constitución en materia laboral, para reducir esos 15 mil millones de pesos de los 21 mil millones que hasta ahora tenían esos fideicomisos judiciales.
Ningún comentario o reclamo hizo la ministra antes de irse a España por la disminución de esos recursos que afectarán a los mandos medios y personal operativo del Poder Judicial, desde juzgadores hasta trabajadores judiciales, que podrían ver impagadas sus pensiones y jubilaciones por insuficiencia de recursos. De por sí a la ministra Piña no le salió tan bien el acto público en el que, antes de que empezara la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, y cuando no se conocía aún el paquete presupuestal que presentaría Hacienda, reunió a todo el Poder Judicial de la Federación en pleno, con los 11 ministros de la Suprema Corte, los siete consejeros de la Judicatura Federal y los siete magistrados del Tribunal Electoral, para exigir que no le disminuyeran recursos al trabajo de los jueces, porque eso sería atentar contra la administración de justicia para los mexicanos.
El que se haya adelantado a los tiempos de la discusión presupuestal molestó mucho en la bancada de Morena y por supuesto en Palacio Nacional, que endurecieron aún más los recortes y disminución presupuestal, tocando incluso los Fideicomisos Judiciales y el dinero de los fondos de pensiones, para un recorte total de 26 mil millones de pesos al Presupuesto solicitado por el Poder Judicial, 14 mil millones en el retiro de recursos fiduciarios y 12 mil al gasto corriente y los gastos de los ministros y juzgadores federales.
Si a todo eso se añade que ayer la Fiscalía General de la República anunció que iniciará un procedimiento en contra del exjuez federal Gerardo Genaro Alarcón López y de los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, del Primer Tribunal Colegiado de apelación en Materia Penal en Materia Penal, por haberle negado una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, por un ingreso no justificado de hasta 43 millones de pesos que acumuló el exsecretario de Seguridad Federal del gobierno de Felipe Calderón entre 2000 y 2012.
«Después de haber obtenido de un juez de control una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro ‘G’, por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables. Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido», explicó en una tarjeta informativa la Fiscalía, que anunció que denunciará el trabajo de los juzgadores federales que «violentaron los principios de legalidad y debido proceso».
Y no hubo nadie del Poder Judicial, empezando por la ministra Presidenta, que saliera a defender el fallo de los jueces y su independencia y honestidad. Y mientras eso pasaba, Norma Piña se iba del país a dar discursos en favor del «respeto a la autonomía de los juzgadores». Sin duda, unas fueron las expectativas que despertó en muchos mexicanos la ministra Piña, y otra la realidad que ha mostrado en su actuación pública, incluso en algunos temas privados en sus rutinas vespertinas diarias, la mujer que hoy preside el Poder Judicial de la Federación.
Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.