De razones y pasiones
Rafael Pérez Cárdenas
Apenas tres días después de entrar en vigor, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió ayer la primera suspensión provisional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) al considerar que la entrega de datos biométricos al gobierno federal puede “no ser idónea para la persecución de delitos.”
La decisión del juez es el inicio de la agonía de un proyecto lleno de suspicacias sobre espionaje oficial, donde no está claro el propósito del gobierno morenista de abatir la delincuencia.
Incluso una semana antes, el propio senador Ricardo Monreal, promotor de esta iniciativa, reconoció que existen riesgosen la privacidady la seguridad de las personas con la implementación del Padrón; riesgos que curiosamente nunca advirtieron a lo largo del proceso legislativo en ambas Cámaras.
¿Por qué implica un riesgo? Porque los usuarios de telefonía celular tendrán que entregar toda su información personal, incluso datos biométricos, en un país donde hasta la lista nominal se puede conseguir por unos cuantos miles de pesos. El Padrón promoverá lo que intenta resolver: que la delincuencia tenga información suficiente para realizar todo tipo de actividades ilícitas como el fraude electrónico y bancario, la usurpación de identidad y por supuesto, la extorsión y el secuestro.
Con ello, la ley obligará a los usuarios de telefonía celular a facilitar su información personal a las compañías que presten este servicio, incluidos aquí datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial e iris. ¿Cuánto costará en el mercado negro toda esta información? ¿Quién tendrá el control de ella?
Según el decreto, las compañías de telecomunicaciones deberán recabar e ingresar toda esa información y proporcionarla al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), autoridad que tiene el mandato de integrar el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La creación de este padrón obligará a los 124 millones de usuarios de celulares que existen en México a registrar sus datos biométricos y entregar parte de su información sensible.
No registrarse o realizar el registro extemporáneo en el padrón, será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica en un plazo de 30 días y una multa de ¡89 mil 692 pesos!
A partir del sábado pasado, fecha en que se publicó el decreto, el IFT tiene seis meses para emitir las reglas para la recopilación de los datos. El nuevo padrón de telefonía móvil entrará en vigor durante el próximo año 2022 y no solo aplicará para nuevas líneas o SIM’s, sino que también recopilará información de todos las líneas que ya están en el mercado.
Esa es la razón por la que ya se presentaron los primeros amparos y se concedió la primera suspensión provisional al usuario Oscar González Abundis, quien no estará obligado a registrar su línea y tampoco le podrá ser cancelada. El juez citó para el próximo 27 de abril para realizar audiencia incidental en la que decidirá si concederá o no la suspensión definitiva.
Durante los últimos días, en redes sociales de todo el país, han circulado modelos de amparo para presentarla ante un juez y evitar la suspensión, algo que tampoco será inmediato, sino hasta el próximo año.
Para algunos abogados especialistas en temas de telecomunicaciones, el amparo no es la mejor opción en este momento por varias razones. La primera es que las propias empresas de telefonía se van a amparar, lo que ayudará a los usuarios a saber si será aplicable o no. A las empresas les representa no sólo un gasto adicional la creación del padrón sino que sería responsable del manejo de la información por parte de sus empleados.
Además, será hasta dentro de 2 años cuando se empiecen a solicitar los datos a los usuarios, tiempo suficiente para saber si el decreto se aplica o no; de hecho, el IFT aún no emite las disposiciones administrativas que regularán la recolección de datos –tiene seis meses como dijimos- por lo que muchos amparos podrían ser rechazados pues aún no sabes la afectación que pueda sufrir. Una vez que nos pidan los datos (dentro de 2 años aproximadamente), tendremos 15 días para ampararnos.
Al parecer tanto el INAI como el IFT también impugnarán la ley, por lo que deberá recorrer un largo camino en el que se tendrá que garantizar la seguridad y protección de datos personales de los usuarios.
El nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil es un modelo de espionaje que agoniza.
Las del estribo…
- El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ha hecho lo que no pudieron el Congreso de la Unión y todos los partidos de oposición juntos: frenar el frenesí presidencial por desmantelar las instituciones del Estado. Sus resoluciones pasarán a la historia, su resistencia al presidencialismo autoritario que busca enjuiciarlo, también.
- Casi cuatro años después, el Ayuntamiento de Xalapa lanzó la licitación para la Construcción y Puesta en Marcha de la Planta de Biodigestión que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El capricho y la mezquindad demoraron un proyecto que dejó listo Américo Zúñiga. Hipólito le ha dado una gran bandera de campaña.