De razones y pasiones
Rafael Pérez Cárdenas
A la feligresía morenista le molestan por igual las opiniones como los datos duros. Las primeras las combaten con la liturgia de la descalificación. Ante los segundos enmudecen y prefieren esconder la evidencia en un pasado que fue peor: “pero antes robaban más”. Vayamos entonces a los datos duros.
La Ley Federal de Consulta Popular señala: “El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.
¿De qué estamos hablando? Si la lista nominal para el pasado proceso electoral fue de 93.5 millones de personas, eso quiere decir que para que los “ex presidentes sean llevados a juicio” –lo que tampoco se plantea en la pregunta de la consulta-, deben participar al menos 37 millones 400 mil ciudadanos, de lo contrario, la respuesta de la gente no tendrá ninguna consecuencia jurídica.
La encuesta será como un medicamento genérico: lo mismo, pero más barato. Debido a que el INE sólo tiene la friolera de 528 millones de pesos, entonces no se podrá realizar en las mismas condiciones de una elección constitucional. De tal suerte que el próximo primero de agosto sólo se instalarán 57 mil mesas de casilla, frente a las 162 mil 570 urnas de se utilizaron hace poco más de dos semanas.
La lógica matemática simple indicaría que, con casi la tercera parte de las casillas, se tendría un tercio de la votación. Si el domingo pasado se registró un total de 48.8 millones de votos, con una participación del 52.6%, eso quiere decir que, con el mismo flujo de votación, la consulta rebasaría en el mejor de los escenarios los 15 millones de votantes, lo que significa apenas el 16% de la lista nominal. ¡Game Over!
Pero pensemos en el idílico escenario en que la gente está tan ofendida y tan decidida a que “se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, que irán en la búsqueda de las casillas donde no votan tradicionalmente.
Entonces tendremos que usar otros parámetros: la elección del 6 de junio y la consulta popular sobre la cancelación del aeropuerto.
En lo que resultó ser el proceso electoral más grande en la historia del país, estaban en disputa más de 20 mil cargos públicos, entre ellos, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, cientos de presidencias municipales y miles de cargos edilicios en prácticamente todos los estados del país. Esto convocó, como dijimos, a 48.8 millones de votantes. Fue la elección intermedia de más alta participación desde 1997 (52.6%).
Para ello se requirieron al menos tres meses de campañas políticas para las gubernaturas y diputaciones federales, y al menos dos para las presidencias municipales. Eran al menos 100 mil candidatos en campaña –suponiendo que por cada cargo hubiera cinco aspirantes- y miles de horas en spots publicitarios y notas en todos los medios del país. Además, por supuesto, un Presidente metido hasta la médula en este proceso.
Para la consulta sólo tendremos al Presidente y su púlpito, nadie más en la disputa de cargos públicos o haciendo campaña. Con eso pretende alcanzar al menos 37.4 millones de votos. Suponiendo que volverán a salir los 20 millones de votantes que sufragaron a favor de Morena y sus aliados, eso significaría apenas el 21.5% de la lista nominal. ¿Pretenden sacar la otra mitad del PRI y el PAN? ¡Game Over!
El otro ejemplo. La Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México fue un proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre de 2018. La consulta fue realizada por el gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador, días antes de que asumiera la presidencia de la República.
La consulta fue organizada por un consejo ciudadano conformado por académicos y organizaciones, entre ellas la Fundación Arturo Rosenblueth, la cual se hizo cargo del conteo de los votos. A pesar de la denuncia de que se habría inflado la votación en casi todas las casillas, la participación oficial fue de 1.09 millón de votantes, equivalente al 1.2% de la lista nominal. Sin embargo, para el Presidente fue suficiente para cancelar el aeropuerto.
Los ex Presidentes deben ser enjuiciados sin más circo que lo que mandata la ley. Y para eso se requieren las pruebas que el gobierno no tiene. López Obrador terminará conmutando una sentencia e impunidad por un juicio popular.
Nos saldrán muy caros los tamales de chivo.
Las del estribo…1. En efecto, son unos genios. Desde Palacio Nacional armaron la nota bomba: un hijo del Presidente compraría al equipo de futbol profesional de Cruz Azul. La noticia corrió como reguero de pólvora y un periodismo pueril no se tomó la molestia de verificarlo. Por eso reía el presidente…2. Este jueves se sabrá la suerte del ex secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán. Víctima de una infamia, ha vivido dos infiernos: el de su matrimonio y el de la política. Su condición de diputado local electo no será suficiente para resarcir el daño.