Para estas fechas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya debería haber renunciado a su cargo, dada la gravísima conducta corrupta que exhibió en el caso de sus familiares políticas, a las que pretendió, como dijo una de ellas, “sepultar” en la cárcel con un delito inventado.
E igualmente con él la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que se prestó a encarcelar a una inocente.
Y por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debería por lo menos condenar esas actitudes de ambos funcionarios que pertenecen a su línea política, por más que tengan una autonomía legal que los haga aparentemente independientes.
Ha hecho lo opuesto, respaldar al corruptazo fiscal general.
Nada de eso pasa. La seguridad jurídica de los mexicanos está en manos de un representante social, un ministro público, un ente de buena fe, que está revestido con lo contrario: mala fe, crueldad y cinismo.