domingo, agosto 14, 2022

¿Y dónde está el piloto?

Las tragedias no dependen de ideologías. Lo que sucedió en la Línea 12 del Metro en Ciudad de México con un gobierno de izquierda o los colectores de Guadalajara con un gobierno priista, por mencionar un par de casos, revelan que estos siniestros en última instancia remiten a negligencia, mala planeación y corrupción. En el incidente del avión de Volaris el sábado pasado en el aeropuerto de la capital, la pericia personal del piloto evitó que un error de los controladores aéreos se convirtiera en una desgracia mayúscula. Además de un dolor humano incalculable, el desastre habría producido un daño irreparable a la imagen de México y de su gobierno. El choque de dos aviones cargados de pasajeros en una pista de aterrizaje habría constituido una de las peores tragedias en la historia de la aviación internacional.

El incidente, por lo demás, no es un hecho aislado sino la culminación de un problema conocido y que, todo indica, se ha subestimado. Recordemos que justo hace un año México había reprobado la revisión periódica que realiza en los aeropuertos del mundo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La FAA, por sus siglas en inglés, consideró que el Gobierno mexicano no cumplía con los estándares internacionales de seguridad aérea, por lo cual se le degradó a una categoría inferior, en la que se encuentran sólo ocho países en el mundo. Esa clasificación impide a las líneas aéreas internacionales abrir nuevas rutas a nuestro país, con obvias consecuencias para la expansión turística. En respuesta, las autoridades se comprometieron a subsanar a la brevedad las anomalías e insuficiencias observadas, en particular en materia de controladores aéreos (equipos, tecnología, número y capacitación), con el fin de recuperar de inmediato la categoría 1.

Un año más tarde no se ha conseguido. Peor aún, en las últimas semanas, y de manera informal, en las redes sociales de los propios pilotos se mencionan incidentes e irregularidades de navegación en el Valle de México. El jueves pasado la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, (IFALPA) informó sobre alertas por acercamiento de aviones, desvíos por demoras excesivas y aterrizajes con poco combustible, derivados en gran medida por el viejo problema de la saturación y el nuevo problema provocado por el rediseño del espacio aéreo luego de la apertura del aeropuerto Felipe Ángeles. Pero el terrible riesgo en el que se incurrió el sábado, video mediante, no dejó dudas de la gravedad de la situación y este domingo provocó la renuncia de Víctor Manuel Hernández, director de la Seneam, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 

Estos antecedentes revelan un escenario preocupante. Si todo esto no queda más que en el amago de una tragedia oportunamente conjurada este sábado, el asunto nos habrá salido barato. Pero es evidente que estamos jugando con fuego. Para el gobierno de la 4T un incidente de consecuencias mayores arrasaría con todas las presuntas ventajas de haber inaugurado un nuevo aeropuerto. Peor aún, podría interpretarse que, lejos de resolver el problema de la saturación, la incorporación del AIFA en Santa Lucía complicó la gestión del espacio aéreo; una capacidad que se encontraba de por sí desbordada. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador matizó este lunes la gravedad del asunto y aseguró que ya se estudiaba el incidente y las maneras de enmendar los riesgos. Son declaraciones que seguramente serán interpretadas como irresponsables o superficiales por sus adversarios, pero creo que es lo esperable por parte de un mandatario: inspirar tranquilidad en la comunidad y evitar que la percepción de riesgo se traduzca en daños al comercio, la circulación y el turismo.

Pero es evidente que lo importante no está en la declaración sino en los pasos reales que se den para resolver la situación. La única manera de garantizar la tranquilidad de los usuarios y evitar daños mayores es mediante el saneamiento integral de esta amenaza.

Resolver el problema pasa por dos frentes. Por un lado, el mejoramiento sustancial de la infraestructura física y humana responsable del control del tráfico aéreo. Es cierto que el gobierno estaba intentando una mejoría, pero es más que evidente que esos esfuerzos se han quedado cortos frente a la magnitud del problema. La reunión anunciada en la Secretaría de Gobernación con la participación de todos los involucrados (autoridades, líneas aéreas, pilotos, controladores, especialistas), tendría que derivar en una ruta de acción profunda, cuantiosa y eficaz para resolver este problema al más corto plazo posible y sobre bases sólidas.

Abordar el otro frente será más complicado. La saturación del aeropuerto de la Ciudad de México constituye en sí mismo un factor de riesgo. Además del daño que provoca en los usuarios el retraso de varias horas en muchos de los trayectos, las rutas desviadas, el gasto de combustible y la permanencia en el aire de aviones que esperan turno, son factores que en conjunto representan una bomba de tiempo.

En teoría la apertura del nuevo aeropuerto, AIFA, tendencialmente resolvería el problema. La cuestión es determinar cuánto tiempo puede llevar tal “tendencia” y saber si efectivamente puede lograrse.

Cada vez queda más claro que el verdadero reto para el gobierno no habrá sido construir un aeropuerto en tiempos y costos récord sino asegurar que se cumpla cabalmente el objetivo para el que fue construido: atraer una porción importante de los vuelos que hoy saturan al viejo aeropuerto y hacerlo sin poner en riesgo el uso del espacio aéreo. Pero eso no puede conseguirse por decreto; no pueden imponerse pérdidas a las líneas aéreas, ni obligar a los pasajeros a optar por una terminal sobre otra. Eso tendrá que ser el resultado de una estrategia compleja de avenimiento entre las partes, inversiones rápidas y cuantiosas en infraestructura de comunicación, ofrecimiento de incentivos, etc. Construir el aeropuerto fue posible gracias a la fuerza de la voluntad presidencial canalizada a esa tarea. Acelerar el uso del Felipe Ángeles requerirá la intervención del mandatario con igual o aún mayor empeño, considerando todo lo que está en riesgo.

La 4T no puede permitirse que el AIFA se convierta en la Estela de Luz de este sexenio; con el agravante de que el adefesio calderonista simplemente fue un gasto inútil y un despropósito estético sin mayores consecuencias que el escándalo. El aeropuerto de Santa Lucía, en cambio, es otra cosa, y no es exagerado decir que hacerlo ha terminado por convertirse en un asunto de vida o muerte. Lo del sábado es un aviso. 

Jorge Zepeda Patterson

@jorgezepedap

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