Jaime Ríos Otero
Finalmente, como resultado de la presión social, pero sobre todo de la intervención política del senador Ricardo Monreal y de la inminencia de los amparos, el Ejecutivo de Veracruz se dignó enviar al Congreso una iniciativa para derogar el atroz, inconstitucional, represivo e inconvencional delito de ultrajes a la autoridad.
¿Qué ganó Cuitláhuac García con la creación de este delito? Meter a la cárcel a varios actores políticos opositores, martirizar a cientos de familias (según el conteo del senador suplente Alejandro Rojas, habría unos 2,500 encarcelados por tal ilícito), pero a cambio ha logrado atraer la atención del país hacia Veracruz como un estado que sufre un régimen represor y gorilesco.
Se requiere tener los pies en el aire para estar convencido de que el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador es suficiente para remontar una imagen tan abominable que le permita subsistir en la política, después de este episodio, que se suma, claro, a una miserable gestión que tiene a la entidad en las mazmorras de la subsistencia.
Ah, pero si quisiera usted un poco de mayor crueldad sobre la derogación de los ultrajes a la autoridad, lo envió Cuitláhuac el último día de sesiones del Congreso, así que, suponemos que es un tema que será tratado hasta dentro de tres meses.
Los pesimistas, sin embargo, ya alertan sobre dos posibilidades: que se derogará ultrajes a la autoridad, que se contiene en el artículo 331, pero persistirá el delito contra la seguridad pública, que está contemplado en el 371 del Código Penal; y que, tan desalmados como son los de la 4T local, planearían reclasificar los delitos a los procesados para mantenerlos privados de su libertad.
¿Serán capaces?