¿Volverá el respeto democrático? ¿Cuál será el modelo macroeconómico del próximo sexenio? Todo esto es más importante que el huipil de Xóchitl, la cara de fuchi de Claudia, la manteca y la garnacha de Marcelo y las agarradas de tarugos de Dante…
José Luis Ortega Vidal
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Durante los últimos dos meses el país ha estado pendiente del desarrollo de los procesos pre-preelectorales de MORENA y anexas y del Frente Amplio por México que incluye al PAN, al PRI y anexas.
De no haber sorpresas tendremos a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum como candidatas adelantadas desde el 3 y el 6 de septiembre, respectivamente.
Nomás restará saber si los chiles de Marcelo Ebrard pican y el rumbo que tomará la estrategia del “cábula” de Dante Delgado, dueño del Movimiento Ciudadano.
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Andrés Manuel López Obrador se propuso, con la llamada 4T o Cuarta Transformación, realizar un cambio de régimen y sistema político en México.
Es importante reflexionar sobre ese tema y demandar de los competidores finales por la silla presidencial, sus posturas -pero sobre todo su visión- respecto al régimen y sistema político de cara al sexenio 2024-2030.
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De estos conceptos generales surgirán los planes anuales de gobierno, la continuidad o no de las mega obras heredadas por AMLO, la apuesta o rechazo a las condiciones del mercado internacional derivadas del nearshoring que –según expertos- coloca ya, o podría colocar a México ante las puertas de un impulso macroeconómico no visto durante el último medio siglo.
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También, la definición del régimen y sistema político a la cual apueste el próximo o la próxima ocupante del palacio de gobierno, derivará en su relación con las fuerzas armadas, el combate a la inseguridad y los nexos de este fenómeno con el crimen organizado y el narcotráfico; el tráfico de armas, la compleja relación con los países que nos surten de droga o su materia prima y aquellos –sobre todo Estados Unidos- que fungen como nuestros principales clientes.
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De los conceptos de régimen y sistema político se deriva el ejercicio de gobierno, su proyecto de acción, el contexto general de su operatividad institucional.
En consecuencia, la eficiencia de Estado a partir de su régimen y sistema político se traduce en crecimiento o estancamiento económico general: en justicia social, el abatimiento de lastres históricos como la pobreza, el acceso universal a la salud, la educación, o su continuidad.
De nuestro régimen y sistema político depende el respeto a los derechos humanos, así como el avance en la construcción de un país armonioso en sus regiones geoeconómicas donde seguimos observando un norte rico y un sur pobre.
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Partamos de una obviedad: desde la segunda mitad de la década de los ochenta, México dio inicio a un cambio de régimen político, al pasar paulatinamente de la ausencia democrática del priato a la construcción democrática de los últimos treinta y cinco años.
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El arribo de la izquierda al poder presidencial, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, es resultado de la democracia por la cual se luchó durante más de un siglo.
Los comicios de 1988, tras el rompimiento interno del PRI, marcaron un parteaguas al respecto.
La aparición del primer árbitro que a la postre se volvería independiente –el IFE- en 1990, empezó a convertir el cambio de régimen político en una estructura institucional nueva y eficiente.
Con sus fallas, el IFE –hoy INE- maduró y permitió la llegada de una tercera opción ideológica al poder en México: el obradorismo.
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El PRI no fue estrictamente un partido, sino el rostro de un régimen antidemocrático.
Uno de los factores que permitieron la gobernabilidad durante la llamada dictadura perfecta fue el control del Congreso por parte del presidente en turno.
En 1997 se rompió esta condición y Porfirio Muñoz Ledo fue el primer diputado opositor en responder al informe de un presidente priista -Ernesto Zedillo Ponce de León-
Aquella Legislatura abrió las puertas al primer jefe del ejecutivo desde la oposición: el derechista e inefable Vicente Fox, en el año 2000.
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AMLO llegó al poder gracias a la democracia, pero López Obrador –como lo hemos planteado en numerosas ocasiones- no es un demócrata.
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Una vez instalado en el poder, el creador de MORENA aplicó con fe tabasqueña aquello de “al diablo con las instituciones”.
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Tal frase va mucho más allá del simple discurso político.
De ello da cuenta la violación de la ley, al haberse adelantado el proceso de sucesión presidencial.
Legalmente, el INE arrancará el proceso electoral 2023-2024 en octubre.
Pero, por órdenes del presidente López Obrador: MORENA, el PVEM y el PT operan el sistema de corcholatas desde hace dos meses, luego de las elecciones de junio en el Estado de México y Coahuila,
Y en respuesta, el PAN, el PRI y el PRD hacen lo propio con el llamado Frente Amplio por México.
AMLO tomó por asalto el INE, donde sólo obedecen sus órdenes con la cabeza inclinada ante el todopoderoso gobernante.
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México pasó de un régimen dictatorial con fachada de partido político fuerte –el priato- a un régimen democrático, pero el primer presidente opositor producto de tal logro histórico no fue Andrés Manuel López Obrador sino Vicente Fox.
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En términos de justicia democrática, los mexicanos no le debemos nada a López Obrador; es AMLO quien le debe a la democracia su arribo al poder y ahora está en deuda al violar los preceptos legales que le dan marco desde el Estado.
Mandar al carajo las instituciones constituye un hecho que tendrá su peso en la historia, y lo pagamos todos, aunque a nivel popular no se entiende tal coyuntura,
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López Obrador participó fue un líder destacado en la lucha democrática.
Pero también lo fueron y lo son muchos personajes; entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo (+), Ifigenia Martínez, Rosario Ibarra de Piedra (+), Manuel J. Clouthier (+), Calos Castillo Peraza (+), Heberto Castillo Martínez (+) …
Ninguno de ellos, por cierto, descalabró la democracia.
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Una vez alcanzada su meta de acceder al poder, López Obrador ha enviado a la democracia a “descansar”, mientras impulsa los cambios de régimen y sistema político que a su parecer requiere el país.
Al INE lo dobló, a los medios de comunicación y a los periodistas nos ha atacado durante cinco años, al Ejército y la Marina les ha dado un poder que remite a la primera mitad del siglo XX.
En materia de combate a la inseguridad su política de abrazos no balazos ha fracasado y la única explicación posible sobre la resiliencia política del presidente convoca a observar dos factores:
a) La eficacia en el combate a la pobreza
b) El discurso falso respecto al logro histórico de las cuatro megaobras de la 4T: dos de las cuales son un engaño a largo plazo, una más -el corredor interoceánico- representará un avance muy corto respecto a la gigantesca promesa de rescate del sureste mexicano y la última -el tren maya- representa una importante infraestructura turística de beneficio inmediato en algunas regiones, pero con dudas sobre su trascendencia económica en el futuro.
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Durante el primer tercio de la 4T, AMLO tuvo mayoría en el Congreso de la Unión e impulsó reformas constitucionales.
Durante su segundo tercio no ha contado con mayoría en el Congreso y las reformas se han frenado.
No ha podido impulsar las reformas judicial y fiscal.
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La experiencia en países democráticos, permite ver que un país donde un presidente no cuenta con mayoría en el Congreso, pierde condiciones de gobernabilidad.
Corremos el riesgo de que el próximo presidente o presidenta enfrente un Congreso en contra, como ha ocurrido durante los últimos sexenios.
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Con AMLO ocurrió que gobernó los primeros tres años con mayoría en el Congreso y en lo que va del segundo tercio ha visto un freno desde las dos Cámaras.
A pesar de ello, el suyo es un ejercicio sumamente poderoso, apoyado por las Fuerzas Armadas a las que paga muy caro su amor.
Se apoya también, en una estrategia muy inteligente y eficaz para sus propósitos: el discurso mañanero que le genera una popularidad inmensa, imparable, sin precedente.
Con estos elementos viola la ley electoral a su antojo sin nada ni nadie que lo pueda frenar, al tiempo de realizar un trabajo institucional de claroscuros que no mengua su fuerza.
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Esto último representa un tema fundamental para entender un poco al obradorismo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo un éxito plausible, reconocible, excelente: disminuyó el número de pobres en México entre los años 2018 y 2022.
Más de cinco millones de mexicanos salieron de la pobreza a partir de dos factores eficientes: el aumento al salario mínimo y los programas asistenciales de Bienestar; la entrega de dinero en forma directa a personas mayores, jóvenes estudiantes y amas de casa.
En contraste, se incrementó el número de pobres en condición extrema.
Es decir, aquellos que pueblan la parte miserable de la economía nacional, no salieron de pobres y aumentó su número.
El rezago educativo aumentó, menos de un punto porcentual; es decir, muy poco, pero aumentó.
Y el acceso a salud en el país ha sufrido tal descalabro que representa el peor escenario durante la 4T respecto a las variantes que permiten definir la pobreza.
AMLO cerró el seguro popular y puso en marcha el INSABI que fue un fracaso.
Hacia el cierre de su gobierno busca implementar el IMSS-Bienestar como un ataque frontal a esta problemática.
Ya veremos el resultado.
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En resumen: los candidatos presidenciales deberán responder a preguntas serias y profundas sobre el régimen democrático, que a pesar de los golpes de parte de la 4T ha sobrevivido al grado que el Poder Judicial resiste y confronta al presidente.
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¿Se volverá a respetar al INE?
¿Cuál será el modelo macroeconómico a implementar?
¿Ya no se repetirá aquello de “no me salgan con que la ley es la ley”?
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Me refiero a conceptos, estructuras, elementos, piezas de ese todo llamado Estado, que deben ocupar nuestra atención durante los meses por venir.
Estos engranajes -en conjunto- son más importante que el huipil de Xóchitl, la cara de fuchi de Claudia, la manteca y las garnachas de Marcelo y las agarradas de tarugos de Dante.