Algo anda mal cuando un partido consigue su registro después de organizar 205 asambleas distritales y reunir 294 mil 141 afiliaciones reconocidas, pero una vez alcanzado ese objetivo el árbitro electoral le ordena cambiar prácticamente toda su identidad: nombre, emblema y colores.
La Sala Superior del TEPJF confirmó la determinación del INE contra Somos México, argumentando que su identidad debe diferenciarse suficientemente de la comunidad nacional y de otras fuerzas políticas. Jurídicamente podrán construir todos los razonamientos que quieran; políticamente, la decisión resulta cuando menos difícil de explicar.
El partido lo calificó como un “atropello jurídico” y anunció que acatará bajo protesta para no poner en riesgo su registro. Tiene razón en plantear una pregunta elemental: ¿por qué permitir que una organización construya durante meses una identidad frente a cientos de miles de ciudadanos para después obligarla a desmontarla cuando ya obtuvo el registro?
Y en Veracruz el asunto importa: Somos México reportó alrededor de 23 mil afiliados en el estado y pretende competir en las elecciones de 2027. No estamos hablando de una ocurrencia de última hora, sino de una fuerza política que busca abrirse espacio frente al dominio de Morena.
Los órganos electorales deberían garantizar competencia, certeza y piso parejo, no convertirse en obstáculos burocráticos que terminan debilitando la pluralidad.
Porque la democracia no consiste en facilitarle el camino al partido dominante.
Consiste precisamente en garantizar que también puedan competir quienes vienen a disputarle el poder.